Ciudad de México.- La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtió hoy que la reforma judicial impulsada por Morena no resolverá de raíz los problemas, provocará incertidumbre y será un retroceso en la defensa de los derechos humanos.

La Ministra Norma Piña lanzó hoy su crítica más directa a la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca que todos los jueces del País sean electos por voto popular.

Además, hizo un llamado “contundente” al propio López Obrador y a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que se sumen al diálogo, reciban las conclusiones de la consulta nacional que ha llevado a cabo la Corte, analicen el impacto que la reforma tendrá para el futuro del País, y pongan los derechos de las víctimas en el centro de la discusión.

“ Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los ‘grupos de poder’ que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que intenta erradicar”, dijo la Ministra.

Advirtió que no se puede acelerar el diagnóstico, buscar una salida fácil, o pensar que la solución es remover a todos los jueces del País, como propone la iniciativa, que busca que sean relevados por quienes serían electos en las urnas.

“ No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro País no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro País”, agregó.

“ Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre”, dijo. “La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente- ajeno a los vaivenes de la política- es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir”.

Con su mensaje, la Ministra cerró, en el Centro Cultural Tlatelolco, la última sesión del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, el proceso de consulta que convocó en febrero pasado, una de cuyas conclusiones es que la integración de los tribunales y la carrera judicial es tema que solo interesa básicamente a los propios jueces, 9 por ciento de los participantes en la consulta, mientras que el 75 por ciento exigen mejoras en seguridad pública y derechos de las víctimas.

Una de las principales conclusiones, informó, es que la integración de los tribunales y la carrera judicial es tema que solo interesa al 9 por ciento de los usuarios del sistema, mientras que el 75 por ciento exigen mejoras en seguridad pública y derechos de las víctimas.

La ministra Norma Piña hoy reconoce dos cosas que había estado omitiendo y son:

1. Se necesita una reforma y debe incluir cambios en la Judicatura Federal.
2. Que existen problemas con decenas de años sin resolver una crisis urgente y que cada día, se acrecenta más. pic.twitter.com/uHVkNEyCcM

— Rashid de la Peña (@rashidelap) July 9, 2024

“ Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia, tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente, en los derechos de las víctimas. Los tribunales, su integración y su funcionamiento, definitivamente, no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia”, afirmó.

“ Los tiempos políticos, la mayoría de las veces, no se alinean a las verdaderas necesidades que tenemos que resolver. Claro que hay urgencia en resolver estas problemáticas que afectan la vida diaria de las y los mexicanos, pero esto no justifica tomar decisiones rápidas que no atiendan las principales necesidades y causas de los problemas que pretendemos resolver”, sostuvo.

Piña insistió en que la reforma tiene que estar basada en un diagnóstico basado en información objetiva y real, pues abarca no solo a la justicia federal, sino también a los 32 tribunales estatales.

Al evento asistieron la Presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, el diputado Oscar Cantón Zetina, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Presidenta de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano, entre otros que deberán dictaminar la iniciativa que López Obrador envió el 5 de febrero, aunque su aprobación corresponderá a la legislatura que inicia en septiembre.

También ministros y ministras de la Corte, consejeros de la Judicatura Federal y múltiples diplomáticos, así como el Fiscal General de Justicia Militar, General Alejandro Ramos, comisionados del INAI, y el Presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Olea, entre otros.

Las conclusiones de la Corte

Las principales conclusiones de la consulta de la Corte, que ya están disponibles al público en un sitio de internet, son las siguientes:

-Las personas desconfían de las autoridades, pero las autoridades también desconfían de las personas y de las otras autoridades. Tenemos un sistema basado en la desconfianza.

-A las personas el derecho les parece distante, formal y complejo.

-En materia de seguridad pública, el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es todavía más marcado. Prevalece la desconfianza, hay muy poca empatía y personas usuarias y funcionarias enfrentan problemas por igual. Las víctimas en particular no encuentran soluciones.

-La capacidad de investigación criminal está rebasada. En todo el país existen altos índices de incidencia delictiva que hacen imposible dar respuestas. Las y los funcionarios se enfrentan a procedimientos altamente formalizados y poco prácticos.

-Las irregularidades y actos de corrupción son muy frecuentes. Las instituciones enfrentan un desgaste acumulado y los mecanismos alternativos de solución de controversias todavía no han dado el resultado esperado.