Nacional
Por El Universal
Publicado el miércoles, 11 de julio del 2012 a las 18:41
Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) designó a cuatro agentes federales como escoltas del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, para garantizar su seguridad ante las amenazas que ha recibido por su labor al frente del albergue “Hermanos en el Camino” de Ixtepec, Oaxaca, al cual regresa para continuar con su labor a favor de los migrantes, ante lo que asegura: “No tengo miedo”, pues él no solicitó las medidas de protección, aunque reconoce que el riesgo persiste.
En conferencia de prensa en la ciudad de México, antes de retomar su misión con los migrantes, a pesar de las amenazas dijo que “no nos vamos a retirar nunca”.
Indicó que las condiciones de extrema vulnerabilidad que enfrenta este sector son las mismas, las extorsiones, los secuestros, además de que ahora enfrentan nuevos riesgos ante la imposibilidad de tomar el tren.
Ante hechos como el cierre del albergue San Juan Diego, en Lechería, Estado de México, ante la falta de seguridad para el personal y los migrantes, hizo un llamado a la Iglesia católica para asumir un papel más activo en defensa de los migrantes, donde haya más pastores y menos administradores.
En la misma conferencia, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, demandó a la PGR que agilice las investigaciones sobre las amenazas contra el sacerdote.
A pesar de que la dependencia se comprometió a brindar todo el apoyo necesario a Solalinde, el experto dijo que “es inexplicable que durante el tiempo que él abandonó el país la PGR no haya aprovechado para adelantar las investigaciones y hacer rendir cuentas a quienes han perpetrado las amenazas que ponen en riesgo su seguridad y su vida”. Además, demandó al gobierno federal que aplique todas las medidas cautelares que requiere el activista.
El sacerdote, por su parte, también habló de política y reconoció que le preocupa el regreso del Partido de la Revolución Institucional (PRI) al poder, ya que en su experiencia los estados gobernados por priístas como Oaxaca y Veracruz han sido en los últimos años donde más acoso, agresiones y delitos se han cometido contra los migrantes en su camino hacia Estados Unidos.
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