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Pone Vaticano fin al secreto y la opacidad financiera

  Por Notimex

Publicado el jueves, 30 de diciembre del 2010 a las 22:51


Con la aprobación de nuevas normativas legales en materia económica, el Papa Benedicto XVI acabó con el secreto y la opacidad...

Ciudad del Vaticano, El Vaticano.- Con la aprobación de nuevas normativas legales en materia económica, el Papa Benedicto XVI acabó con el secreto y la opacidad que durante décadas envolvió las transacciones financieras del Vaticano, a menudo motivo de escándalo.

Este día se difundió aquí una ley de combate al lavado de dinero, el estatuto de un nuevo órgano interno de control que verificará el cumplimiento de esa ley y un decreto del Papa que extiende la aplicación de ambas normas a todos los organismos del Vaticano.

Entre otras cosas las flamantes directivas dotaron de amplia libertad de acción a la Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo vaticano que vigilará sobre las operaciones económicas, y le otorgaron la posibilidad de superar incluso el secreto de oficio.

De hecho ante movimientos bancarios sospechosos en cualquier sección del gobierno central de la Iglesia católica la AIF podrá intervenir obligando a los involucrados a otorgar toda la información, incluso aquella que podría ser utilizada por la autoridad judicial.

A partir del próximo 1 de abril, fecha de entrada en vigor de las reglas, instituciones de toda Europa podrán acceder a los datos de los cuentahabientes del Instituto para las Obras de Religión (conocido coloquialmente como el “banco vaticano”).

Esto porque, al adecuarse a los estándares internacionales, la sede católica adhirió también al acuerdo de libre intercambio de información bancaria, una de las principales exigencias de los organismos de lucha contra el lavado de dinero.

“La nueva normativa obedece a la exigencia de conservar el eficaz funcionamiento de los organismos que operan en el marco económico y financiero para el servicio de la Iglesia, y a la necesidad moral de transparencia, honestidad y responsabilidad”, explicó Federico Lombardi.

Durante la presentación de las medidas, el vocero papal calificó el establecimiento de la AIF como un hecho sin precedentes, reconoció que los documentos aprobados por el Papa son “inusuales” pero, dijo, son un “paso concreto” en la dirección de transparencia y credibilidad.

“La aplicación de las nuevas normas requerirá sin duda un gran esfuerzo. Todo ello beneficiará a la Iglesia. Los organismos del Vaticano serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero”, afirmó.

“Se evitarán en futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles. En resumen, la Iglesia será más creíble ante la comunidad internacional y sus miembros. Y esto es vital para su misión evangélica”, agregó.

Lombardi recordó que el motivo original de las reformas fue la Convención Monetaria firmada entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Unión Europea el 17 de diciembre de 2009, la cual preveía el establecimiento de regulación contra el reciclaje de capitales.

Explicó que al adecuar sus procedimientos el Estado pontificio mantendrá una estrecha colaboración con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Uno de los objetivos de toda la operación es el ingreso de la Sede Apostólica en la “white list”, un elenco de los países que respetan los acuerdos internacionales en materia de combate al uso del sistema económico por parte del crimen organizado.

Al respecto el vocero papal precisó que el anuncio de este día es sólo un “primer paso” de un proceso de certificación que podría durar años y el cual dependerá, en parte, de la OCDE.

“Sería ingenuo pensar que la inteligencia perversa que impulsa las actividades ilegales no intente aprovechar sobre todo los puntos débiles y frágiles, que a veces existen en el sistema internacional de defensa y control de la legalidad, para introducirse en él y violarlo”, dijo.

“Por lo tanto –añadió- es comprensible y justo que las autoridades nacionales de vigilancia y los organismos internacionales vean con ojos favorables a los Estados y los entes que ofrecen las garantías requeridas e imponen restricciones a los que no las cumplen”.

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