Nueva York.- “Un sistema migratorio roto es una bomba de tiempo para la seguridad nacional”, advirtió el pasado 10 de diciembre el senador Lindsay Graham. Existe una lista de indocumentados en territorio estadounidense que representan un riesgo, agregó sin dar más detalles. Lo dijo en Washington, una capital sobrepoblada por conspiraciones.

Retomar el control de la frontera es otra urgencia del republicano, quien por más de una década ha intentado aprobar un cuerpo de leyes que abra una vía para que millones de indocumentados permanezcan en los Estados Unidos.

“Si la gente en el sur ve que estamos sacando indocumentados ya no pagarán al coyote”.

Esa es otra razón que Graham arguye para explicar por qué, desde el día uno de la administración de Donald Trump, el Senado se ocupa de endurecer la política migratoria.

Construir más barda; más sitios de confinamiento para quienes cruzan sin papeles; dotar a las policías fronterizas con más tecnología para detectar a los traficantes de personas, esa será la prioridad, confirmó el senador por Carolina del Sur durante una reunión del comité de Asuntos Jurídicos convocada para analizar los efectos de una posible deportación masiva.

En esa reunión se escucharon los testimonios de un par de académicos, de un general del ejército, de un indocumentado de Sierra Leona, quien hoy trabaja como asistente de fiscal en Pensilvania, y de la doliente madre de Rachel Morin, asesinada en Maryland en agosto de 2023 por un criminal quien tres veces ingresó al país de manera irregular y dos veces fue deportado, quien huía además de la justicia de El Salvador, pero supo mantenerse en las calles de los Estados Unidos por las múltiples averías del sistema migratorio norteamericano.

Lindsey Graham encabeza desde el 6 de enero el comité de Presupuesto del Senado. Desde allí intentará proveer recursos al Ejecutivo -él mismo ha puesto la cifra en 100 mil millones de dólares– para que éste cumpla lo prometido a los votantes en materia migratoria.

Tenaz miembro del subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, hace 11 años Graham consiguió empujar casi hasta su aprobación definitiva una reforma legal que habría permitido a millones de indocumentados regularizar su estancia en los Estados Unidos; aquello naufragó. Aún cree que el país necesita de los trabajadores migratorios. Pero también quiere una barda más alta en la frontera sur.

Las causas tras el río

Tras el río Bravo y luego el Suchiate, a dos fronteras de distancia, al sur, en territorio guatemalteco, en la Casa del Migrante, un albergue que desde hace 27 años brinda alojo, comida, atención médica y asesoría legal a cien o hasta doscientas personas en tránsito cada día todo el año, su director, el sacerdote scalabriniano.

Percy Cervera articula algo que puede ser su oración diaria: “Los gobiernos hablan de regularizar la migración. Estoy de acuerdo. Combatamos las causas”.

Allá donde está, en el departamento de San Marcos, Guatemala, al occidente del país, la región con más alto índice de expulsión de migrantes, Cervera ha observado que esas causas son falta de oportunidades en educación, salud, trabajo… “Pobreza”, se apresuró a resumir, aquel día de primavera cuando lo entrevisté, en 2023.

Quienes más se van de San Marcos son los jóvenes, entre los 18 y los 30 años. Luego, mujeres con hijos, a quienes el marido manda a buscar, lo dijo Cervera y se confirma en las mediciones del Instituto Guatemalteco de Migración.

Al término de ese año fiscal, 2023, una de las policías migratorias de los Estados Unidos, el ICE, reportó haber deportado a 20 mil 179 guatemaltecos; en 2024 la cifra se triplicó: 66 mil 435.

Para las familias de San Marcos, contó Cervera, “tener un hijo o alguien en los Estados Unidos es algo que te asegura la vida para mantenerte. Hay muchos que seacomodan en este sentido. Vivimos de remesas. Pero aquí ya no hacen nada. Así que motivan a los jóvenes a irse”.

Controles migratorios

Tecún Umán, el pueblo donde se ubica esa Casa del Migrante, está en la ribera del río Suchiate, una frontera fluvial de 80 kilómetros que es una fracción de la línea divisoria entre Guatemala y México, 956 kilómetros totales. Antes de que el narco tomara el control del paso, era el punto más transitado por los flujos migratorios humanos que ascienden desde el Darién. La migración propicia un comercio del que “muchos se aprovechan, pero nadie quiere hacerlo público”, comentó Cervera sobre las ganancias que deja a su paso el río humano que fluye hacia el norte.

En marzo de 2024, un año después de nuestra entrevista, Percy Cervera fue designado secretario ejecutivo de la pastoral de Movilidad Humana de la iglesia católica en Guatemala.

Es un hombre joven; y sin embargo, ha vivido en tantas partes, Argentina, Brasil, Colombia, Haití… que ya podría estar escribiendo sus memorias. Estudió en Los Angeles, California, y allí mismo se ordenó sacerdote con la congregación de los scalabrinianos.

De apariencia desparpajada, su apariencia se vuelve más difusa por una barba corta pero hirsuta y un acento que oculta el rastro de su origen. Pero es de palabra severa y nítidos conceptos. Enaltece controles migratorios rígidos.

“¿Regular la migración? Hay que combatir las causas. Segundo, ves que la gente migra, sabes que no tienen documentos, pero los dejas pasar. Pasan de un país a otro y algunos consiguen llegar”.

“Guatemala, por ejemplo, no tiene un programa de retorno. Detienen, digamos, a un grupo de colombianos porque están indocumentados; pero no tienen un lugar dónde ofrecerles una asistencia humanitaria; no tienen vehículos para deportarlos… ¿Qué hacen? Los dejan pasar; aunque por muchos testimonios sabemos que los amenazan con separarlos, con quitarles a los hijos, y es hasta que dan dinero que los dejan pasar”.

Cervera suele repetir que una de sus recomendaciones más comunes en San Marcos -realiza recorridos periódicos por las parroquias del departamento-: antes de entregar una montaña de dinero a un coyote, considere invertir en un negocio en la propia tierra que se abandona.

Los traficantes llegan a cobrar hasta 15 mil dólares por persona; las familias suelen vender bienes, endeudarse, para reunir esa cantidad. ¿Y si mejor lo invirtieran aquí?, se pregunta el sacerdote. En 2024, el 65% de los guatemaltecos que hoy tienen orden de deportación fueron detenidos apenas ponían pie en Texas.

Luego, inevitablemente, Percy Cervera contrasta su propia idea brillante con una nota grave: “¿Cómo eliminamos los coyotes si la misma gente los busca?”