Ciudad de México.- Un juez federal vinculó esta tarde a proceso a Guillermo Álvarez Cuevas, ex director de la Cooperativa la Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de 114 millones 198 mil 847 pesos en siete empresas factureras.

Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República ofreció los datos de prueba suficientes para suponer que Álvarez fungió como líder de una organización criminal que de 2011 a 2017 desvió recursos de la cementera y los blanqueó a través de operaciones con compañías de papel.

“ Me parece a mí suficiente (los datos de prueba) para acreditar que existe un conglomerado criminal que ha operado por lo menos de 2011 a 2017, liderado por usted, que se dedicaba a obtener recursos de la Cooperativa La Cruz Azul, de la que se dispusieron más de 114 millones de pesos que fueron dispersados por lo menos en 7 empresas”, expuso Beltrán.

“ Los ocho entrevistados, qué declaran en su contra, señalan que era usted quien quitó de puestos estratégicos a algunas personas y puso a otras de su confianza, para poder hacer estas operaciones de lavado de dinero”.

Las 7 empresas factureras en las que se habrían lavado más de 114 millones de pesos son Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesorías Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

El juzgador también le fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, es decir, para que tanto la Fiscalía General de la República como su defensa reúnan sus respectivos datos de prueba con el que enfrentarían un hipotético juicio.

Álvarez y su defensa no hicieron una solicitud para reconsiderar la prisión preventiva de oficio, dictada por el juez el pasado viernes, razón por la que se mantendrá vigente dicha medida cautelar durante el tiempo en que dure el procedimiento.

La audiencia de vinculación a proceso tuvo una duración de una hora (de las 14:00 a las 15:06 horas), en buena medida porque los abogados César Varela, Ricardo Rosales y Hugo Omaña decidieron no ofrecer pruebas de descargo en favor del imputado.

De un total de 43 datos de prueba que ofreció la FGR, el juez Beltrán tomó en cuenta 39 para procesarlo.

“ Los bienes de usted y de Víctor Garcés en Estados Unidos, su departamento en Nueva York, superan los más de 100 millones de pesos, pero no tiene que ver con esta temporalidad (2011-2017), pero los fiscales no la tomaron en cuenta para construir la imputación. Esa información no la voy a tomar en cuenta, porque el hecho que le imputan está relacionado con operaciones de 114 millones de pesos de 2011 al 2007 en 7 empresas”, refirió el juez de control.

“ Son más de 40 empresas (en las que supuestamente lavó dinero) y algunas de ellas fueron declarados

Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), pero no se pueden tomar en consideración porque entonces estaría supliendo al Ministerio Público”.

Al exponer sus razones para procesarlo por delincuencia organizada, el juez dijo, mirando siempre a la cara a Álvarez, que varios testigos declararon que uno de los métodos que empleó para realizar sus operaciones de lavado fue perseguir penalmente a los miembros de la cooperativa que se oponían a sus ilícitos.

“ La gente que trataba de impedir este tipo de autorizaciones, recibía amenazas, eran cambiados de puesto y, en el peor de los casos, eran denunciados”, mencionó.

“Soy un preso político”

A diferencia de la audiencia del pasado viernes, que se llevó a cabo por videoconferencia, este miércoles Guillermo “Billy” Álvarez compareció físicamente a una sala de audiencias del Centro de Justicia, vestido con el uniforme de color caqui de los internos.

De acuerdo con el número registrado en el costado izquierdo de su chamarra, el ex directivo de la cementera es ahora el reo 6158 del Penal del Altiplano.

Al iniciar la diligencia, hizo una breve intervención en la que se declaró preso político y pidió benevolencia y justicia.

“ Estoy en la tesitura, percepción y sentimiento de ser preso político. Estoy apelando a la benevolencia de las leyes y que eso permita que mi persona pueda desahogar todos los derechos humanos y normas nacionales e internacionales para que se pueda actuar con toda justicia, sobre todo, la proporcionalidad”, expresó con semblante tranquilo.

Al final de la audiencia, sus abogados pidieron al juez autorizarles la entrega de diversos medicamentos para su cliente.

Beltrán Santés dijo que no tenía inconveniente, siempre y cuando la Guardia Nacional previamente revisara las medicinas y aprobara su introducción al penal.

El próximo viernes Álvarez comparecerá ante una juez federal de Aguascalientes, quien definirá si le comienza un segundo proceso por la compra de facturas falsas por un monto de 91 millones 780 mil pesos.

Adicionalmente, tiene otra orden de aprehensión en el fuero común de la Ciudad de México por un monto de 2 mil 257.4 millones de pesos, aunque de momento no le han fijado fecha y hora para la audiencia inicial.