Mexicali, BC.- El Congreso de Baja California aprobó de manera unánime una nueva ley que obliga a los servidores públicos de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los ayuntamientos y los organismos autónomos a recibir capacitación en perspectiva de género, con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

Esta ley fue impulsada dos años después del feminicidio de Daryela Valdez, una estudiante de Derecho que denunció diversos actos de violencia, incluyendo violencia familiar, amenazas, intentos de homicidio y otros abusos de género perpetrados por Honorio, un hombre de 70 años, quien le arrebató la vida el 15 de enero de 2023. En sus denuncias, Daryela también solicitó órdenes de protección, pero estas fueron ignoradas por funcionarios de la Fiscalía General del Estado, policías y jueces.

La iniciativa, propuesta por la diputada morenista Michel Sánchez Allende, fue desarrollada a través de mesas de trabajo con actores clave involucrados en su implementación, así como con víctimas de casos similares.

Así, se crea la Ley de Capacitación en Perspectiva de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Baja California. Esta ley también modifica la Ley del Instituto de la Mujer del estado para que esta institución sea la encargada de diseñar y coordinar la estrategia de capacitación para los tres poderes del gobierno, los municipios y los organismos autónomos. Además, se modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, delegando al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la responsabilidad de implementar el programa de capacitación obligatoria en género y violencia.

Los servidores públicos deberán asistir a estas capacitaciones, y aquellos que no lo hagan se enfrentarán a sanciones administrativas, que podrían incluir inhabilitación por hasta un año y la imposibilidad de ascender a un cargo superior o similar si sus funciones implican tratar con víctimas de violencia de género. Además, los nombres y cargos de quienes se nieguen a recibir la capacitación sin justificación serán publicados en la página oficial del Instituto de la Mujer de Baja California.

Cabe destacar que Baja California Sur es el único estado del país que desde 2021 ha implementado una ley que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género.