Ciudad de México.- El Gobierno federal prevé un ataque frontal a posibles actos de corrupción, pero con un enfoque de castigos y sanciones hacia las empresas privadas que sean proveedoras del sector público, siendo este último juez y parte, advirtió Hugo Briones González, director de Buró de Apoyo Empresarial (BAE Consultores).

“

Hay un mayor riesgo y mayor incertidumbre para las empresas privadas de verse inmiscuidas en casos de corrupción en los que no tienen ninguna injerencia, esto acrecienta la desconfianza para participar en proyectos como proveedor del Gobierno”, sostuvo Briones.

Un nuevo artículo integrado al reglamento de la ahora llamada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública) le otorga nuevas atribuciones a través de su Dirección General de Vinculación con el Sector Privado, con la que pretende “promover” la integridad empresarial.

Briones consideró que el artículo 25 del reglamento de la nueva Secretaría excede las facultades de la dependencia y pone en riesgo a las empresas, pues ahora estarán expuestas a sanciones incluso sin participar en actos ilícitos.

“

Se ha venido reformando la Constitución al vapor y ahora con la desaparición de organismos autónomos para rendición de cuentas, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la creación al vapor de esta Secretaría, hay una mayor incertidumbre. “Lo que puede suceder es que el Gobierno puede fincar responsabilidades a un proveedor privado por actos de corrupción del sector público, algo muy grave ante la inexistencia de un órgano que sea imparcial”, expuso.

Entre las atribuciones que otorga el artículo 25 a la Dirección General de Vinculación con el Sector Privado está la de diseñar los mecanismos de prevención de ilícitos en operaciones con las empresas, así como acciones para promover la integridad empresarial.

Además, la dependencia propondrá al titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida, así como sus directrices, mecanismos y estrategias en materias de integridad empresarial y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de Gobierno.

“

Esta nueva iniciativa atenta contra la confianza para ser proveedor del Gobierno, que ya de por sí está muy golpeada por la falta de pago a proveedores de Pemex, del Tren Maya, cuando el Gobierno ni siquiera cuenta con el dinero para realizar inversiones en infraestructura pública”, sostuvo Briones.