Torreón, Coah.- El Gobierno municipal de Torreón, que preside Román Alberto Cepeda González, no pudo comprobar el destino de 530 millones de pesos para obra pública en 2023. El dinero salió de la Tesorería Municipal, pero no hay registro de su aplicación, advirtió el último informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Además, existen 14 observaciones sin solventar, que involucran $162.5 millones, en los cuales se incluyen gastos excedentes en servicios personales, e inconsistencias en reportes de deuda.

En el documento se advierten posibles desviaciones presupuestales graves. Por ejemplo, en inversión pública se gastó 18.4% menos de lo aprobado, con lo que se limitaron los recursos para infraestructura prioritaria. En servicios generales el subejercicio fue de 18.7% y como falta de transparencia en obras públicas, alrededor de 23.6% del presupuesto no cuenta con documentación adecuada.

El informe evidencia una serie de fallas graves que comprometen la estabilidad económica y administrativa del Ayuntamiento. Por ejemplo, con todo y el crecimiento anual de 14.58% en los ingresos, el Municipio cerró el ejercicio con déficit presupuestal de 73.63 millones, lo que, lejos de ser un mero desequilibrio, refleja un manejo ineficiente y desorganizado de los recursos públicos, advirtió la Auditoría Superior del Estado.

“Hay 500 millones de pesos que no sabemos a dónde fueron a parar nada más en el rubro de obra pública, de obra social; estamos frente a un robo millonario”, advirtió el diputado Antonio Attolini Murra, crítico de la Administración de Cepeda González.

El informe subraya la dependencia del Municipio de las transferencias federales y estatales, que representan 67.9% de sus ingresos, lo que no sólo limita la autonomía financiera de Torreón, sino que lo deja vulnerable ante posibles cambios en políticas públicas en el plano nacional. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la dependencia: hay focos rojos en la incapacidad de administrar los recursos propios y en la opacidad que rodea su ejecución.

De las irregularidades más alarmantes destacan las 14 observaciones no solventadas por la Auditoría Superior del Estado, que involucran un monto total de 162.5 millones. Estas incluyen ingresos excedentes que no se aplicaron conforme a la normativa, inconsistencias en los reportes de deuda pública y un gasto en servicios personales que excedió los límites establecidos. Las observaciones dejan ver la falta de disciplina financiera y el manejo opaco para ocultar desvíos de recursos.

Además de que el Gobierno municipal de Torreón, que preside Román Alberto Cepeda, no pudo comprobar el destino de 530 millones de pesos destinados a obra pública en 2023, el subejercicio en rubros clave como la inversión pública (506.15 millones menos de lo presupuestado) y los servicios generales (655.41 millones sin ejercer) pone en evidencia la falta de planeación y ejecución. 

La falta de comprobación adecuada en obras públicas, que abarca más de 500 millones, equivalente a 23.6% del presupuesto destinado a infraestructura, alienta las versiones sobre posibles actos de corrupción o negligencia administrativa.

“Es indignante que, mientras Torreón enfrenta retos evidentes en infraestructura y servicios básicos, se permita tal nivel de opacidad y descontrol en el uso de los recursos públicos”, señaló el diputado local Antonio Attolini.

“No estamos hablando sólo de ineficiencia, sino de posibles violaciones graves a la confianza ciudadana”, aseguró el legislador de Morena.

Attolini Murra cuestionó la participación del Consejo Ciudadano de Transición de Torreón, al que calificó de una “simulación destinada a encubrir un pacto de impunidad” debido a su inacción ante “los graves desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior del Estado en la gestión 2023 del Ayuntamiento, encabezado por Román Cepeda”.

Según el legislador, el Consejo, instalado el 28 de octubre de 2024, tenía como propósito supervisar el proceso de entrega-recepción y garantizar la transparencia, pero a dos meses de su creación no emitió declaraciones, ni acciones respecto a los hallazgos de la Auditoría, que incluyen más de 530 millones sin comprobar en obras públicas, equivalente a 23.6% de los recursos destinados a este rubro.

“El silencio de este Consejo, compuesto por empresarios, académicos y representantes del Ayuntamiento, confirma lo que hemos señalado desde Morena: es una pantalla diseñada para encubrir irregularidades”, afirmó. 

Entre los integrantes señalados, destacan figuras del empresariado como Carlos Fernández y Mariano Serna, así como representantes académicos de instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Coahuila.

Attolini Murra también acusó a Cepeda González de promover este Consejo como parte de una estrategia para garantizar la opacidad y perpetuar un supuesto pacto de impunidad. 

“¿Cómo pueden justificar su mutismo frente a desvíos millonarios que afectan directamente el desarrollo de Torreón?”, cuestionó.

El legislador citó el Artículo 31 de la Ley de Entrega-Recepción de Coahuila, que asigna a las contralorías y órganos internos de control la responsabilidad de vigilancia. Según Attolini, el Consejo fue creado arbitrariamente, usurpando funciones y desviando la atención pública.

Desde Morena, recordó, se exigió una rendición de cuentas inmediata por parte de los integrantes del Consejo Ciudadano de Transición. 

Dependencia excesiva

El 67.9% de los ingresos proviene de transferencias federales y estatales, limitando la autonomía fiscal del Municipio.

Esto plantea riesgos ante posibles cambios en políticas nacionales, poniendo en entredicho la sostenibilidad a largo plazo.

Déficit presupuestal persistente

A pesar de un crecimiento anual del 14.58% en los ingresos, el gasto los superó por 73.63 millones de pesos.

Este desbalance refleja un manejo financiero ineficiente que compromete la estabilidad operativa.

Desviaciones presupuestales

Inversión pública: se gastó 18.4% menos de lo aprobado, reduciendo recursos para infraestructura prioritaria.

Servicios generales: subejercicio del 18.7%, mostrando fallas en planificación o ejecución de actividades esenciales.