La función de las instituciones consiste en servir a la sociedad y respetar su marco normativo. En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas son piedras angulares. Sin embargo, algunas son virtualmente secuestradas y devienen en cotos de poder. La falta de control da paso a los excesos y el ánimo de lucro se vuelve prioritario en detrimento de la causa pública. Con este texto de “Espacio 4” inicia una serie de tres acerca de un organismo que ha dado a Coahuila relevancia nacional:

El Museo del Desierto fue concebido durante el mandato del gobernador Rogelio Montemayor Seguy (1993-1999) como un espacio que integrara disciplinas como la paleontología, la biología, la geología, la sociología y el arte. Fundado el 27 de noviembre de 1999 y diseñado por el despacho Margen Rojo, el recinto de 12,300 metros cuadrados se ha consolidado como un referente cultural y científico en el noreste de México, atrayendo visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, las tensiones internas y la falta de transparencia en su administración amenazan con empañar este legado.

Bajo la tutela de Amigos del Desierto de Coahuila, A.C., una asociación civil sin fines de lucro, el museo nació como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno estatal y la sociedad civil. Su primera directora, Magdalena Sofía Cárdenas García, sentó las bases de su éxito en los primeros años. No obstante, en 2002, Arturo González asumió el cargo y su prolongada permanencia en la dirección ha desatado controversias. Las críticas hacia González apuntan a un control autoritario de la institución, acompañado de lo que se describe como «terrorismo laboral». Entre las denuncias se incluyen amenazas a empleados, acoso verbal, humillaciones públicas y cambios constantes en condiciones de trabajo.

Además, se cuestiona la venta de las acciones de la sociedad civil Arteconciencia, creada para generar ingresos adicionales para el museo. Según reportes, el traspaso de estas acciones a Pietra Taller de Arquitectura S.A. de C.V., una empresa al parecer vinculada a la esposa de González, no fue aprobado de manera unánime por el consejo de la asociación, como estipulan los estatutos. Esto ha levantado sospechas de conflicto de intereses y posible manejo indebido de recursos. Los estatutos de la asociación establecen mecanismos claros para la toma de decisiones, como la celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias, la rotación de consejeros y la supervisión financiera mediante comisarios. Documentos internos revelan que estos procedimientos han sido ignorados repetidamente.

El artículo 27, por ejemplo, requiere la aprobación unánime de los socios activos para decisiones trascendentales, pero no fue respetado en el caso de Arteconciencia. Asimismo, no se han realizado auditorías independientes ni se ha promovido un gobierno corporativo, a pesar de acuerdos previos en asambleas. Mientras el Gobierno estatal y los socios fundadores celebran el 25 aniversario de esta institución, las voces críticas exigen una rendición de cuentas clara. Entre las demandas está la revisión de las finanzas, la reestructuración del consejo de administración y la implementación de auditorías externas para garantizar que el museo continúe cumpliendo su misión sin opacidad.