“El presupuesto no es sólo una colección de números, sino una expresión de nuestros valores y aspiraciones”.
Jacob (Jack) Lew

Los presupuestos nos dicen cuáles son las prioridades de un Gobierno, y el que ha aprobado la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados revela con claridad las de la 4T.

Apenas el 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda presentó un presupuesto con gasto neto de 9.3 billones de pesos. La Comisión le ha hecho ahora cambios importantes; no ha modificado el total, pero sus enmiendas revelan lo que realmente le interesa a este Gobierno.

Según el recuento de Juan Ortiz, de Lupa Legislativa, al Poder Judicial le han disminuido 14 mil 42 millones de pesos, 16.52%, pese a que ya ha empezado el proceso de reemplazar a los actuales juzgadores por otros más cercanos al Gobierno; poco importa que los especialistas hayan demostrado que al Poder Judicial de nuestro país se le dan pocos recursos y esto ha vuelto imposible lograr el objetivo de tener una justicia oportuna.

Al Instituto Nacional Electoral (INE) le quitaron 13 mil 476 millones de pesos, 33.29%, más que los 13 mil 205 millones que había pedido para llevar a cabo la elección judicial. Al Gobierno no le interesa que haya una votación siquiera medianamente profesional para jueces, magistrados y ministros.

Por otra parte, a la Auditoría Superior de la Federación, que ya está sometida al Gobierno, como lo demostró la destitución del auditor especial, Agustín Caso Raphael, por tratar de mantener auditorías independientes y profesionales, le redujeron 12.85 por ciento.

El asalto contra los organismos autónomos continúa. El Gobierno había prometido que seguirían realizando su trabajo, aunque ya sin autonomía, pero con el mismo personal operativo de antes. Sin embargo, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le reducen ahora 70.93% del presupuesto, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 70.24% y al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) 49.7 por ciento. El Gobierno no tiene ninguna intención de continuar con sus tareas.

Los nuevos tijeretazos se añaden a los que ya estaban en el presupuesto original. Si bien el Gobierno afirmó que los recortes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Salud eran producto de que una parte de su gasto lo ejercerían otras dependencias, como la Secretaría de la Defensa y el IMSS-Bienestar, el economista Carlos Hurtado, profesor del ITAM y exsubsecretario de egresos, me señala que los recursos federales destinados a la función de “orden público y seguridad”, incluyendo “las aportaciones a los estados y municipios (FASP)”, caen de 86 mil millones de pesos en 2024 a 51 mil 200 millones en 2025.

Dentro de este rubro, el presupuesto de la Guardia Nacional se reduce de 70 mil 800 millones a 33 mil 800 millones de pesos. El gasto federal de la función salud, incluyendo la aportación a estados y municipios (FSSA), baja de 962 mil 400 millones de pesos a 881 mil 100 millones.

La “función de educación federal” sube de 425 mil 800 millones a 450 mil 900 millones de pesos. Sin embargo, las becas aumentan de 89 mil 700 millones a 131 mil 900 millones, mientras que la prestación de servicios se reduce de 161 mil 100 millones a 148 mil 300 millones.

Explicación: el Gobierno está más interesado en comprar votos con becas que en mejorar o mantener la calidad de la educación. La función de seguridad nacional, que incluye Defensa, Marina e inteligencia, disminuye de 150 mil 400 millones a 133 mil 300 millones de pesos.

Los presupuestos hablan más claro que los discursos políticos. El Gobierno quiere eliminar la transparencia y la justicia; aumentar el gasto que compra votos, pero descuidar sus funciones fundamentales, como educación, salud o seguridad. El de 2025 es un mal presupuesto.

Viejo régimen

La presidenta Sheinbaum afirmó ayer que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, utilizó su último informe de actividades para “la defensa del viejo régimen”. A mí me parece que defendió un régimen de independencia judicial que el Gobierno quiere extinguir.