POR: JOSÉ ANTONIO CRESPO

Ayer se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Después, en 2006, apareció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

México fue uno de sus principales promotores (el ya fallecido y respetable Gilberto Rincón Gallardo promovió la Convención de la ONU).

La Convención incluyó un modelo social basado en los derechos de las personas con esos problemas y asume la igualdad de condiciones con las demás personas.

Pero en México no se ha hecho lo suficiente por esa comunidad, una de las más descuidadas e ignoradas en sus necesidades.

Pero no son pocos. Esa comunidad está formada por cerca de 20 millones (Censo 2022).

En general, en México hay poca inclusión en calles, casas e instituciones, es decir, no hay las rampas o elevadores y también poca ayuda para quienes padecen de ceguera o sordera.

Es cierto que entre 2008 y 2018 el Estado mexicano buscó cambiar el paradigma de la discapacidad, y aplicar un nuevo paradigma para dedicar más atención y recursos a las necesidades de la comunidad.

Vicente Fox fundó incluso antes un organismo que pusiera atención en las necesidades de estas personas, y proponer programas de ayuda y cambios en la legislación.

Ese organismo cambió de nombre en distintos gobiernos, pero tenía las mismas funciones: el último nombre que tuvo fue Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Y digo que fue su último nombre porque en 2019, ya bajo el Gobierno de López Obrador, la desapareció.

Es decir, mostró la misma empatía por estas personas que con los médicos durante la pandemia, con los familiares de víctimas de la violencia, con los padres de hijos con cáncer, con las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, con los movimientos feministas, con académicos y científicos y más recientemente con los miembros del Poder Judicial. Es decir, ninguna empatía.

El pretexto para desaparecer la Conadis no fue que hubiera corrupción (menos mal) pero dijo que a cambio de los servicios que podía dar ese organismo en mejorar las condiciones y los servicios educativos y de salud para estas personas, les iba a dar una beca de mil 500 pesos al mes.

Los expertos en el tema señalan que esa aportación no compensa los servicios que ofrecía -y que pudieron haberse mejorado-.

El 45% de las personas con discapacidad son mayores y reciben la pensión por su edad (Censo 2022), igual que las demás personas de 65 años en adelante.

Pero del restante 55% de la comunidad, sólo el 15% recibió esa pensión (Inegi). El restante 85% se quedó sin Conadis, sin protección alguna y sin pensión.

Muchos de quienes se inscribieron para recibir esa ayuda cumplieron con todos los requisitos, pero no recibieron nada.

Los Servidores de la Nación llegaban a sus casas para captar la información de su credencial electoral, y les decían que quedaban inscritos, pero nada.

La oficina especializada para ese tema en la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos recibió gran cantidad de quejas de estas personas que no tuvieron pensión, pero la presidenta de esa institución simplemente dijo que no había más dinero y pues ni modo. No le dio mayor importancia.

Si hacemos cuentas, mil 500 pesos al mes por un millón y medio de beneficiarios son al mes 2 mil 250 millones de pesos. Y al año son 27 mil millones, dinero que, de destinarse a una institución que cuide la asistencia, educación y salud para esa comunidad, todos se podría beneficiar y no sólo el 15 por ciento.

Se trata también de cambiar la actitudes y comportamiento de la sociedad que estigmatizan y marginan a las personas con discapacidad, y también implementar políticas, leyes y programas que eliminen los obstáculos para facilitarles su desarrollo e inclusión social (por cierto, esa era la propuesta de Xóchitl Gálvez para este tema, además de crear una nueva institución especializada con más facultades que el desaparecido Conadis).