Ciudad de México.– El magistrado electoral Felipe de la Mata, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso desechar al menos 47 juicios promovidos por diferentes actores políticos y ciudadanos en contra de diversos actos relacionados con la elección judicial del próximo año.

En cuatro proyectos de resolución que fueron difundidos esta tarde, el magistrado de la Mata Pizaña plantea el desechamiento de los recursos promovidos contra el proceso electoral del Poder Judicial por causas como la falta de interés jurídico, por ser demandas duplicadas o por carecer de firmas.

En el primer proyecto, el magistrado propuso desechar, por falta de legitimación y de interés jurídico, las demandas presentadas por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y dos diputados, una de ellas, Margarita Zavala, en las que impugnaron la integración de los Comités de Evaluación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que son los órganos que determinarán la elegibilidad e idoneidad de los aspirantes a ser candidatos para la elección judicial.

En el caso de la demanda presentada por el grupo parlamentario naranja, el magistrado argumentó que “los partidos políticos están excluidos de poder ejercer acciones tuitivas de intereses difusos, así como participar en cualquier otra acción, actividad o sesiones relacionadas con el proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras”.

Concluyó que el grupo parlamentario no tiene capacidad procesal para controvertir cualquier aspecto vinculado con la elección de personas juzgadoras.

En el caso de las demandas presentadas por la diputada Zavala, el proyecto planteó que “con independencia de que la parte actora manifieste una vulneración a diversos principios (certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo), se considera que no tiene interés jurídico que justifique el análisis de fondo de sus planteamientos, toda vez que, no se advierte que el acto impugnado trascienda de manera directa e inmediata en la esfera jurídica de sus derechos político-electorales”.

El segundo proyecto acumuló las demandas presentadas por 17 ciudadanos y ciudadanas y una asociación civil en contra de diversas actividades del proceso electoral judicial, como el procedimiento de insaculación, la convocatoria para integrar listados y las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión.

En ese caso, De la Mata argumentó lo mismo que en el caso de la demanda de MC y de Zavala, al considerar que “tampoco puede estimarse que las personas ciudadanas y la asociación civil cuentan con interés legítimo ya que no se advierte que se encuentren en un grupo de población en una especial situación frente al orden jurídico y cuya posible reparación o tutela de algún derecho pueda traducirse en un beneficio jurídico en su favor”.

El tercer proyecto aborda las impugnaciones presentadas por dos personas ciudadanas que se inconformaron, una, contra el procedimiento de insaculación para la selección de aspirantes a candidatos a juzgador al considerar “que es contrario a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales”, y otra, contra la emisión de listados de las personas aspirantes a una candidatura en el proceso electoral de personas juzgadoras.

En estos casos, el magistrado consideró que había precluido su derecho para impugnar porque, en el primero, el actor ya había presentado una demanda previa por el mismo tema, y el otro porque presentó dos demandas idénticas contra el mismo acto reclamado.

El cuarto proyecto, en el que 11 personas se inconformaron contra el sorteo por el cual el Senado determinó qué cargos del Poder Judicial serían renovados mediante la elección del próximo año, el magistrado electoral planteó el desechamiento porque los escritos fueron presentados sin firma.

Esta noche, la Sala Superior sesionará para votar y resolver estos proyectos de sentencia.