Nacional
Por Grupo Zócalo
Publicado el viernes, 22 de noviembre del 2024 a las 04:18
Ciudad de México.- Una persona tendrá hasta 291 opciones de candidaturas, divididas en seis boletas, para votar en la elección inédita para renovar la primera mitad del Poder Judicial en 2025.
Con base en los datos del marco geográfico del Instituto Nacional Electoral (INE), en cada estado habrá entre 207 y 291 candidaturas a elegir por persona para los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina, magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. Guerrero es el estado que encabeza la lista, con 291 aspirantes.
En total, el instituto estima la postulación de hasta 5 mil 379 candidatos para la renovación de 881 cargos. De estos, 5 mil 100 candidaturas, 94%, corresponden sólo a los jueces de distrito y magistrados de circuito, por lo que será donde se concentre la mayor complejidad de la votación.
En sesión del Consejo General, el INE aprobó este documento de forma precautoria para avanzar con los trabajos de organización tras casi dos meses de suspensiones judiciales. Sin embargo, esta información es preliminar, ya que el Poder Judicial puede enviar la geografía actualizada de los circuitos judiciales al árbitro electoral, con lo que se podrán realizar los ajustes necesarios sobre esta base.
Habrá tres votaciones a nivel nacional donde será fijo el número de cargos: 81 candidaturas para nueve ministros de la Suprema Corte; 18 para dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y 45 para cinco integrantes del Tribunal de Disciplina, de nueva creación.
Para las cinco Salas Regionales del TEPJF se elegirán a su vez 27 candidaturas por circunscripción, para un total de 135 en el país.
Este mapa es fundamental ya que, según el proyecto, es “el insumo que define la correcta ubicación de las casillas electorales, a fin de que las personas puedan votar en lugares cercanos y accesibles, lo que aumenta la participación electoral; además de permitir una correcta distribución de los materiales electorales y que la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos”.
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