Ciudad de México.- Con el objetivo de evitar controversias derivadas del T-MEC, la mayoría en la Cámara de Diputados avaló modificaciones a la reforma en materia de extinción de autónomos para crear un órgano que concentrará las funciones que actualmente realiza la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de competencia económica.

Durante la discusión en lo particular de la reforma que elimina siete órganos autónomos, Morena y sus aliados avalaron con 332 votos a favor y 119 en contra cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Morena propuso modificaciones al artículo 28 constitucional para crear una “autoridad en materia de libre competencia y concurrencia” que tendrá como función prevenir, investigar y combatir monopolios y concentraciones en todos los mercados a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Para ello, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento y garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos.

La reserva, presentada por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, agrega que las normas generales, actos emitidos o las emisiones en las que incurra, podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, agrega.

Las facultades en materia de regulación asimétrica del IFT serán transferidas al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mientras que el resto de las funciones del Instituto pasarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se creó como parte de la reestructura a la Administración Pública propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ramírez Cuéllar indicó que con esta reserva se cumple cabalmente con lo establecido por el T-MEC que demanda la existencia de un órgano regulador que sea técnicamente independiente en materia de competencia económica.

“Es una autoridad reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en el país”, indicó.

El legislador explicó que esta nueva autoridad tendrá facultades para imponer multas, acotar periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita.

El morenista confió que, con ello, aumentarán los niveles de competencia en el país, lo que generaría beneficios para consumidores, al promover una mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios.

En medio de críticas de la Oposición, por haber “olvidado” incluir el litio en el artículo 27 de la Constitución, Morena y sus aliados aprobaron también una reserva presentada por el Partido del Trabajo, para incluir este elemento entre aquellos en los que estará prohibido otorgar concesiones.

Durante la discusión, el panista Héctor Saúl Téllez acusó que con la extinción de autónomos, la mayoría concreta el “al diablo con las instituciones” lanzado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Fue cierta la amenaza de al diablo con las instituciones, así empezó este Gobierno, destruyendo a la Policía Federal y militarizando el país, así empezó este Gobierno, destruyendo los fideicomisos, los fondos de estabilización, robándose más de 350 mil millones de pesos de los cuales no tenemos ni una sola noticia de su destino. Así inició también este Gobierno, destruyendo el Seguro Popular, sin importar si dejaban 50 millones de personas sin acceso a la salud”, indicó.

El legislador advirtió que la mayoría ha aplicado incluso el “canibalismo político” al desaparecer incluso la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), institución que ellos mismos crearon.

La priista Paloma Domínguez acusó una clara destrucción de los contrapesos democráticos por parte de la mayoría, la cual inició con la reforma al Poder Judicial.

La legisladora indicó que los autónomos han informado de manera puntual los avances y los retrocesos de la Administración Pública Federal y advirtió que esa es la razón por la que la mayoría avaló su extinción.

Recordó que recientemente, el Coneval reportó que 64 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social y que el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud creció de 20.1 a 50.4 millones.

“Es evidente que estas observaciones no le gustan al poder, como tampoco le gusta que estos órganos autónomos fueron creados durante las administraciones del PRI y del PAN. Un ejemplo de ellos son el IFT y la Cofece, instituciones que a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones, aprobada en el pasado Gobierno priista, han regulado empresas de telefonía, televisión e internet y coadyuvó a que hoy se paguen tarifas justas”, dijo.

La diputada emecista Claudia Ruiz Massieu señaló que no se discute un esfuerzo de simplificación orgánica, sino una estrategia de desmantelamiento de instituciones que son contrapeso del Ejecutivo y garantía para el ejercicio de derechos y libertades.

“La reforma representa una concentración del poder y un nuevo intento de consolidar un hiperpresidencialismo que derivará en más opacidad, discrecionalidad y arbitrariedad, menos competencia y más prácticas monopólicas”, declaró.

Señaló que la extinción de los órganos violenta los tratados comerciales, como el TMEC, que exige la garantía de la libre dependencia económica, una instancia con mecanismos de transparencia, combate a la corrupción, certeza legal y trato igualitario para los socios.

Resaltó los beneficios tras la creación del IFT, puesto que desde su creación (2013) ha significado un ahorro de 540 mil millones de pesos para los usuarios. Añadió que el precio de la telefonía móvil se redujo a la mitad tras la eliminación del pago por llamadas de larga distancia.

Asimismo, indicó que el acceso a internet de alta velocidad es ahora una norma, con 95 por ciento de conexiones a la red en el País, que superan los 10 megabytes por segundo con tarifas accesibles.

“Este no es solamente un órgano especializado, sino el garante de que las telecomunicaciones sigan siendo un derecho al alcance de todas y todos”, sostuvo.