Mientras Guanajuato mostró la ruta en el tema Judicial en octubre, Jalisco hizo lo propio antier en el Fiscal.

Como estado libre y soberano dio un paso serio (no un amago para negociar algo a cambio, ni un acto solemne para la fotografía) a fin de salirse del Pacto de Coordinación Fiscal; la eterna discusión que a finales de cada ejercicio tienen las entidades federativas, acerca de cuánto dinero aportan y cuánto reciben a cambio de la Federación.

Enrique Alfaro, su Gobernador y para efectos prácticos el último que quedó de la extinta Alianza Federalista, lo dejó claro previo a firmar una iniciativa que se presentó en el Congreso de aquel estado: “Jalisco fue a negociar y la Federación respondió castigando a nuestro estado y a todos los demás.

“Por eso es el momento de dar el siguiente paso: ponerle fin al diseño jurídico que sólo condena a los estados a estar sometidos a su voluntad (…) Después de un largo y duro camino de estudios, gestiones y negociaciones, Jalisco cierra filas en la construcción del camino para no seguir adheridos”.

Pablo Lemus, su sucesor, apunta en la misma dirección: respeto a la dignidad de Jalisco.

“Vamos a blindar constitucionalmente los servicios de salud y educación, para que quede claro que lo que es de Jalisco no lo va a desmantelar el Gobierno federal (…) Han sido los estados víctimas de un agandalle grotesco por parte de la Federación”, expresó.

Digno representante del estado en donde inició la Independencia, el Poder Judicial de Guanajuato había impugnado previamente la reforma judicial mediante una controversia constitucional, misma que fue admitida a trámite con el folio 298/2024.

Lo hizo Diego Sinhué Rodríguez como representante del Poder Ejecutivo de aquella entidad federativa el 25 de septiembre, el último día de su mandato (y como penúltimo integrante de la extinta Alianza Federalista), antes de dejar el cargo a su sucesora. El primero del país en iniciar un procedimiento legal, como consta en el expediente 286/2024.

Son tiempos de rupturas del orden constitucional; se ha escrito antes aquí: el sistema se fracturó el 1 de septiembre de 2024. La normalidad se acabó en México a partir de esa fecha.

No existe más concertacesión, códigos de conducta y control político, cofradías, manuales de urbanidad, reglas no escritas ni secretos del poder. Todo ello es historia.

Los autoritarios no negocian; imponen. Ya se implantó una autocracia democrática (o una dictadura constitucional, según se vea) por lo menos para los próximos tres años.

Si los morenistas, desacatando resoluciones judiciales, han roto el pacto social, aquel que se funda en El Contrato Social: o los principios del derecho político, de Rousseau (publicado en 1762), nada costaría romper entonces el pacto fiscal.

A fin de cuentas uno y otro parten de la misma idea: el acuerdo tácito y colectivo de un grupo de personas para obligarse por voluntad propia, admitiendo la existencia de una autoridad, y unas leyes a las cuales someterse. Dejar de ser libres y salvajes por naturaleza, en aras de una convivencia pacífica.

Hoy más que nunca nada es inmutable. No tiene porque prevalecer el pensamiento único. México es un país diverso y de divergencias. No de aplanadoras o adoctrinamiento del pobrismo.

Por afinidad partidista, además de significar el motor industrial del país, Nuevo León debería ser el siguiente estado en sumarse a la separación fiscal; una idea que ya había expresado en su día Samuel García siendo candidato a Gobernador; incluso en la FIL 2023 presentó el libro Federalismo Mexicano –del cual se ostenta como autor– basado en “un nuevo convenio fiscal descentralizado”.

No obstante los problemas sociales, escándalos de corrupción, e ingobernabilidad en la entidad vecina sus primeros tres años de gestión, son plomos que pesan en lo individual para tomar una decisión en lo general que traería consecuencias –por no decir, represalias– para él, a la mitad de su mandato.

Cortita y al pie

Se publicó en este mismo espacio el domingo pasado: la propuesta del Ejecutivo federal vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, presentada el 15 de noviembre, es continuista, centralista y asistencialista, como no podía ser de otra forma.

En esa coyuntura Coahuila como entidad autónoma no existe: no hay planes de rescate ni asignaciones extraordinarias en el paquete económico. Nada.

Entonces, ¿qué nos detiene? ¿El cálculo político arroja como resultado entrar en un campo minado, o ir a la guerra sin fusil? ¿Con quién esperamos acomodarnos?

La última y nos vamos

“No podemos seguir aceptando la injusta distribución del presupuesto. Quien se quede callado, es cómplice por omisión”, dijo antier Enrique Alfaro.

Jalisco, como la canción, no se raja. ¿Y Coahuila, el Federalista, a qué espera?