“Disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración de los Derechos Humanos”.
José Saramago

En noviembre de 2019, después de rendir protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra dio un indicio de cómo sería su gestión. Cuando se le preguntó qué medidas tomaría ante los asesinatos de periodistas en el todavía joven sexenio de Andrés Manuel López Obrador, respondió con una pregunta: “¿Han asesinado periodistas?”. Y sí, desde diciembre de 2018, Articulo 19 había registrado el asesinato de 11 periodistas, 10 en 2019. La Presidenta no se había enterado o mintió.

Piedra Ibarra ha mantenido posiciones similares desde entonces. El 27 de octubre de este 2024, ya en búsqueda de la ratificación y para justificar la falta de recomendaciones ante abusos de las autoridades, declaró en el Senado: “Ya no existen ejecuciones extrajudiciales ni desapariciones por parte del Estado. Es falso que en México exista una crisis de derechos humanos. Es falso que en México exista la militarización”.

Su actuación se ha regido por el afán de apoyar al Gobierno. La Comisión ha emitido numerosas recomendaciones, pero no sobre violaciones graves, ni sobre temas fundamentales; muchas de las más serias eran sobre faltas en gobiernos anteriores. Ni siquiera quiso meterse en el caso Iguala; no hizo ningún esfuerzo por dar seguimiento a la recomendación 15VG/2018 que pedía a la FGR mandar restos óseos encontrados en el basurero municipal de Cocula a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis genético.

La CNDH no emitió recomendaciones por faltas u omisiones de la Secretaría de Salud en la pandemia, ni por la falta de medicamentos para niños con cáncer, ni por los abusos de militares o elementos de la Guardia Nacional en la guerra contra las drogas que supuestamente ya no existe, ni por los daños al ambiente provocados por el Tren Maya, ni por nada que pudiera incomodar al Gobierno.

El 23 de octubre de 2023 renunciaron a sus cargos los seis miembros del Consejo Consultivo de la CNDH y señalaron que su labor “ha sido desdeñada de forma reiterada” por la presidenta; ha llegado al “extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar a algunas personas integrantes del Consejo”. Piedra, dijeron, “decide manifestarse exactamente en sentido contrario a lo unánimemente aconsejado o incluso desatender resoluciones adoptadas por la mayoría del Consejo en asuntos de su competencia exclusiva”.

Lo peor es que la 4T tenía una muy buena candidata para la CNDH en Nashieli Ramírez Hernández, una activista cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Había también otros candidatos buenos, independientes, como Tania Ramírez, exdirectora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, quien fue descartada de la terna final para dar espacio a la titular. Poco importó que Piedra haya sido la aspirante peor evaluada de los 15 finalistas por las comisiones unidas de derechos humanos y justicia del Senado. Tampoco que haya presentado como apoyo a su ratificación una carta del Obispo de Saltillo, Raúl Vera, reconocido defensor de los derechos humanos, que el propio prelado denunció como falsa.

Al final se impuso por una “razón de Estado”, por la línea “de arriba”, por órdenes “de Palenque”, la ratificación de Piedra. La operación para escoger a la peor candidata la manejó Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación de López Obrador. Por lo menos, los líderes del Senado tuvieron ahora la delicadeza de contar todos los votos, ya que en 2019 no consideraron dos votos de la oposición que habrían impedido la mayoría calificada. La imposición fue “legal”. Pero no importó que la ratificación represente una piedra en el camino en la protección de los derechos humanos en México.

Gran Hermano

Ahora van por los órganos autónomos. La 4T quiere desaparecer el INAI, el Coneval, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH. Quiere todo el control, todo el poder. Los contrapesos son una afrenta. “El Gran Hermano es infalible y todopoderoso”, como escribió George Orwell