Este artículo describe en forma sucinta el comportamiento económico que tuvieron varias empresas farmacéuticas en el país ante el cambio del modelo de adquisiciones de medicamentos del IMSS, así como las prácticas anticompetencia que llevaron a cabo cuatro farmacéuticas en el mercado de la salud mexicano.

Definición. Prácticas monopólicas son aquellas estrategias y acciones formuladas por una o varias empresas o negocios, para inhibir la competencia en el mercado en que participan, y al hacerlo logran beneficios extraordinarios; las más frecuentes en la economía capitalista han sido subir artificialmente los precios de los artículos que producen o comercializan; reducir las opciones de compra de otros productos similares; y disminuir la calidad de los bienes y servicios en aras de un mayor margen de ganancia. En economías con reguladores independientes, dichas prácticas son sancionadas por perjudicar al consumidor, restringir la libre competencia, y en muchos casos propiciar acuerdos fuera de la ley entre oferentes y demandantes.

Prácticas monopólicas en el mercado de la salud pública. El IMSS fue la institución a la que en el sexenio 2012-18 se le encomendó hacer las compras consolidadas (conjuntas) de medicamentos e insumos al sector farmacéutico privado, que luego transfería los productos al resto de dependencias e instituciones del Sector Salud. En 2018 pagó 3 mil 100 millones de dólares a los 43 proveedores farmacéuticos que participaron en las licitaciones públicas, monto que representó 23% del valor del mercado farmacéutico del país (imss.gob.mx). Sin embargo, sólo 10 empresas cubrieron alrededor de 50% del total de las ventas.

Los agraciados fueron seis laboratorios transnacionales que han sido líderes en ventas en el mundo, y cuatro distribuidoras nacionales. La principal estrategia de dominancia que utilizaron fue la exclusividad de las patentes que tienen de determinados fármacos y los precios de los genéricos, que estaban fuera del alcance del resto de los competidores, a los que su estructura de costos les hacía prácticamente imposible competir. Del conjunto de productores sobresale un laboratorio trnasnacional estadunidense que hasta 2018 suministraba los fármacos oncológicos al Seguro Social, que los proveedores nacionales no elaboraban, quizá por limitaciones tecnológicas, o bien por el alto costo de las sustancias que contienen.

Después del movimiento neoliberal, las prácticas monopolísticas obligaron a la Administración Pública Federal 2018-24 a cambiar el modelo de salud, pero, quizá por desconocimiento e inexperiencia de las recién llegadas autoridades sanitarias, no dimensionaron la magnitud del problema y minimizaron el poder de mercado que tenían laboratorios, farmacéuticas y distribuidoras, que al verse desplazadas del nuevo paradigma de salud reaccionaron de manera desmedida, negándose a vender sus medicamentos, sin considerar que miles de recetas médicas de pacientes oncológicos quedarían sin surtir, y también aquellas prescritas para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas. El desabasto provocó descontento entre la población, particularmente de aquellas familias con infantes afectados por leucemia. Las transnacionales siguieron a pie juntillas la máxima de “no hay medicamento más costoso en el mercado, que el agotado o acaparado”.

Abastecimiento. El desequilibrio en el mercado de las compraventas de fármacos prevaleció durante todo el sexenio, aun con los cambios en los esquemas de salud implementados. En 2020 se pidió apoyo a la ONU, a través de su Oficina de Servicios de Proyectos, la cual se hizo cargo de las compras consolidadas por un breve tiempo, posteriormente un laboratorio mexicano la sustituyó y se responsabilizó de las adquisiciones. Pero ninguno de los dos compradores pudo resolver el irreductible problema del suministro de insumos y medicamentos. La tasa de crecimiento anual de las compras consolidadas entre 2018 y 2023 se ubicó en 0.64%, inferior a la de la población del país, que en ese mismo periodo fue de 1% anual. Uno de los déficits sociales que dejó el Gobierno de la 4T fue en salud pública.

Lucrar con la salud de los mexicanos. Hace apenas algunos días se dieron a conocer ante la opinión pública, y fue noticia de primera plana de los diarios especializados en finanzas, los resultados de la investigación que por 10 años realizó el regulador federal de competencia económica, Cofece. El seguimiento lo iniciaba en 2014 en el mercado de las medicinas e insumos médicos y puntualmente lo hacía a cuatro farmacéuticas de capital nacional, que tienen presencia en todo el país. Y fue hasta 2024 en que el trabajo investigativo finalizaba. Las conclusiones se pueden resumir en cuatro prácticas poco éticas que ejercieron y que perjudicaron al consumidor final, que tuvo que pagar sobreprecios en los medicamentos que consumió.

Para resarcir el daño, la Cofece les fijó una sanción de 2 mil 316 millones de pesos, cantidad que transferirá al Sector Salud, en virtud de que es imposible que vaya al bolsillo de cada comprador timado. Se coludieron para 1.) dejar de suministrar medicamentos en las farmacias en días laboralmente inhábiles como domingos y fechas festivas. 2.) Aumentar los precios de los fármacos sin que se justifique por razones de incrementos de costos de los ingredientes activos, ni de otros aumentos de precios en el sector. 3.) No respetar los acuerdos de rebajas de precios de determinados productos, que previamente se habían hecho con las farmacias, y 4) abastecer a las farmacias de medicamentos en función del monto de sus adeudos a las cuatro farmacéuticas aludidas.