La convocatoria del Congreso del Estado emitida la semana pasada para ocupar la vacante de Fiscal General de Coahuila durante los próximos siete años, es una manzana envenenada. No sólo porque se sabe de antemano quién ocupará la posición -un mes antes de que suceda, e incluso previo al registro de aspirantes- sino porque se trata de la rifa del tigre.

El tema, por tanto, no es quién llegará sino para qué llegará.

Tenemos actualmente una Fiscalía bipolar: en los casos mediáticos y delitos de alto impacto, es reactiva y diligente, acaba casi siempre con detenido tras las rejas y colaborando a la narrativa del Coahuila seguro; pero en los ilícitos que no se ven pues no son mediáticos ni de alto impacto, aunque se multiplican por miles como el robo y la violencia familiar, la inoperancia es escandalosa.

A propósito del Día Nacional del Ministerio Público (22 de octubre), el Inegi difundió una información interesante: en 2023 la dependencia tenía 10 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Un año antes había 12. Existe, por tanto, un déficit de 17% de un año para otro que le ubica en el lugar 15 de 32 en ese rubro a nivel nacional.

En su defensa se podría decir que ha crecido la población en el estado gracias a la migración motivada por la oferta laboral, y ese factor es directo y proporcional a la estadística. Sin embargo a la luz de otros datos concatenados, la hipótesis no se sostiene.

En 2023 cada MP tuvo a su cargo 726 carpetas de investigación en promedio. En 2022, en cambio, tenía sólo 516 y si nos vamos más atrás, a 2019, la cifra disminuye a 248. Eso significa que, en sólo cuatro años, se les triplicó el trabajo.

Cabe puntualizar que se trata de conductas antisociales del fuero común, es decir, las que corresponde investigar a entidades federativas, no del fuero federal que conciernen a la Fiscalía General de la República.

¿Es acaso un problema de presupuesto? Entre sus pares del norte del país frontera con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas), la Fiscalía de Coahuila es la que menos recursos recibe de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, publicado por el Inegi el 3 de octubre. Incluso se ubica en el lugar 19 de 32 a nivel nacional en ese rubro. Por debajo de la media nacional pese a que no todos los estados comparten las mismas características. En 2024 ejerce mil 202 millones de pesos de presupuesto. El año anterior su ejercicio fiscal fue de mil 123 millones.

Ahora bien, según el citado documento del Inegi, la Fiscalía estatal arrastra un total de 225 mil 229 casos pendientes de resolver, entre averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación (ninguno de estos expedientes, cabe señalar, tiene relación con los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales se contabilizan por separado). Sólo Jalisco y Baja California le superan en rezago en el país.

Inclusive “Lord Lamborghini”, Antonio Flores Guerra, presentó un punto de acuerdo como diputado local del PT, el 15 de octubre, para solicitar auditoría en contra del exfiscal con base en estos resultados.

Mientras 16 estados del país redujeron la tasa de un año para otro, la Fiscalía de Coahuila ocupa el sexto lugar nacional en mayor carga laboral, casi a la par de Nuevo León que se ubica en la quinta posición, aunque no tiene Fiscal titular desde hace dos años por la falta de acuerdos políticos entre Gobernador y diputados locales para impulsar una propuesta de común acuerdo.

En su defensa podría decir alguien que se denuncia más en Coahuila, a diferencia de otras entidades, debido a la confianza que se tiene aquí en el sistema de justicia, por ello los números son más altos.

No obstante hay que tomar en cuenta la cifra negra (casos en donde no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación), misma que ronda el 91.8% de delitos que se cometen en el estado, a juzgar por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, difundida en septiembre igualmente por el INEGI, y que no es muy distinta de otros (la media nacional es del 92.9%).

Cortita y al pie

Dicho de otra forma: no se sostiene la hipotética defensa de la Fiscalía, pues no es real que se denuncie sustantivamente más aquí a comparación.

Basta ingresar a cualquiera de sus delegaciones en la entidad para advertir que de ahí no saldrá nada bueno; ni respuestas ni justicia como fin último. Se hace lo que se puede con lo que se tiene pero no se hace lo que se debe por mandato constitucional: la realidad rebasa la capacidad de atención y resolución.

El fenómeno no es nuevo, por supuesto, ni es exclusivo de Coahuila, sin embargo ya se volvió parte del statu quo.

La última y nos vamos

A diferencia del vecino Nuevo León, los poderes Ejecutivo y Legislativo de Coahuila no tienen problema para designar Fiscal. Eso es lo de menos.

El punto no es quién llega, sino para qué.