‘Se equivocaron al precipitarse, al adoptar el mayor cambio que se ha hecho en la historia de la Constitución de 1917 y de una manera precipitada, sin diagnóstico, sin debate, sin análisis y sin respeto por la opinión ajena’.
Diego Valadés
Estamos viviendo un tiempo de “máxima confusión”, nos dijo el jurista Diego Valadés a Guadalupe Juárez y a mí en una entrevista radiofónica el 25 de octubre. Es una “crisis constitucional” que “se está intensificando por la confusión en relación con lo que significa la norma suprema. Estamos en crisis, pero vamos al caos”.
En su obra La dictadura constitucional en América Latina de 1974, Valadés estudió los casos de países latinoamericanos que en el pasado decretaron estados de excepción. “¿Qué sucede cuando las situaciones de excepción comienzan a tornarse ordinarias?”, se preguntó. A esto respondió: “Resulta en extremo frecuente que en las instituciones de excepción encuentren su apoyo dictaduras confesas que pretenden refugiarse en una aparente constitucionalidad”. Fue el caso de Porfirio Díaz en México.
La situación hoy es distinta. El expresidente López Obrador no decretó un estado de excepción, sino que usó la excusa de una necesaria reforma al sistema de justicia para lanzar una iniciativa mal pensada y peor redactada,
“Tenemos que hacer una reforma en materia de justicia, pero tenemos que hacerla con todos los mexicanos”, dijo Valadés en la entrevista. “El 47% no tiene voz. Un Tribunal Electoral, que actuó contra la Constitución sin duda alguna, sólo le adjudicó el 24 por ciento. A partir de ese despropósito se ha desgranado todo lo que estamos viendo”.
“La reforma adoptada es inaplicable”. Tiene “tantas contradicciones”, muestra “tal nivel de precipitación”, que al final sólo causará un caos. Para comparar, en 2008 se hizo el cambio del sistema inquisitivo al oral acusatorio, pero “se dio un margen de ocho años” para aplicar el nuevo sistema. Ahora, “lo que se ha hecho es de tal manera abrupto”, que será imposible lograr una aplicación sensata de la reforma. “El sistema electoral es imposible de llevarse a cabo”.
Todas las partes “están actuando fuera del marco legal”. “Yo no soy de la idea de que se pueda revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales”, dijo, pero el Gobierno debe “reconocer lealmente” que “la reforma es inviable”, “que se equivocaron al precipitarse, al adoptar el mayor cambio que se ha hecho en la historia de la Constitución de 1917 y de una manera precipitada, sin diagnóstico, sin debate, sin análisis y sin respeto por la opinión ajena”.
“Hagamos, efectivamente, una gran reforma en materia de justicia”, pero hagámosla “entre todos”. Para hacerla “hay que cortar el nudo gordiano en que estamos en este momento, que es el de la intransigencia. Hay que aceptar que la reforma estuvo equivocada, que es mejorable, pero que debemos hacerla con la participación de todas las fuerzas políticas del país y escuchando también a quienes van a aplicar la reforma, que son los propios juzgadores, y escuchando a los más importantes, que somos los justiciables., 130 millones de personas. que queremos, justicia”.
El proceso de esta reforma, afirmó Valadés, “el que se siguió de manera precipitada y abrupta en agosto y septiembre pasados, y que desembocó en una norma claramente contradictoria y claramente imposible de aplicar”, fue un gran error. Debemos “ir a una nueva modalidad de deliberación y a una nueva forma de organizar la reforma judicial . Todo lo demás será sólo ahondar, y hacer más profundo, el precipicio en el que ya estamos descendiendo”.
Fórmula 1
Cuando en 2019 AMLO retiró el apoyo del Consejo de Promoción Turística al Gran Premio de México de Fórmula 1, Claudia Sheinbaum entró al quite desde la Ciudad de México para conjuntar un fideicomiso privado. Fue una buena decisión. El Gran Premio representa una enorme derrama económica; su fin de semana es el de mayor demanda de cuartos de hotel en la capital. Además, la carrera se ha convertido en una gran tarjeta de presentación de México al mundo.
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