Han pasado casi cuatro semanas desde que Claudia Sheinbaum tomó el poder. Sólo esta semana, en Chiapas, asesinaron a un sacerdote. En Sinaloa, se conoció que un grupo militar le perdonó la vida a un hombre sólo cuando descubrió que en el sitio donde iba a matarlo había cámaras. En Guerrero, un grupo criminal se grabó en un video mostrando armas potentes, mientras anunciaba que atacaría a un grupo rival. En Guanajuato, dos coches bomba explotaron. Además, han asesinado, en promedio, a 74 personas cada día.

Durante el obradorismo, el Gobierno federal logró bajar el índice de asesinatos dolosos, pero eso no le alcanzó para evitar que de 2018 a 2024 fueran los años más violentos en la historia reciente del país. Ahora, las primeras semanas de Sheinbaum pintan un panorama desolador.

En diciembre de 2018, según México Evalúa, el obradorismo enfrentó violencia seria en tres estados. En Jalisco, por conflictos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Plaza. En Michoacán, había enfrentamientos entre autodefensas y La Familia. En Guanajuato, se peleaban el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ahora, una tercera parte del país, 10 estados, está en cifras rojas de violencia. Hay reportes graves en Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Tabasco, Morelos, Ciudad de México y Chihuahua. Y aunque la violencia tiene causas distintas, el Gobierno ha enfrentado casi todos los casos igual: enviando militares.

Me concentraré en los cuatro estados más graves, para explicar por qué debería preocuparnos que no existan estrategias diferenciadas para mejorar la situación.

En Sinaloa, desde septiembre, la disputa entre los hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán y los de Ismael “El Mayo” Zambada ha dejado cientos de muertos. Analistas alertan de una alianza entre los hijos de “El Chapo” y el CJNG.

“Esto es lo peor que le pudo pasar a la nueva Presidenta. Tener a la segunda organización más importante del país (Cártel de Sinaloa) escindiéndose, y una de las familias aliándose con la organización más importante del país (CJNG) va a arruinar los planes que tenía esta Administración en materia de seguridad”, me dijo Eduardo Guerrero, de Lantia Intelligence.

Altos funcionarios del Gobierno me confirmaron que están investigando al gobernador Rubén Rocha. Pero públicamente, Morena lo ha apoyado. Varios analistas me dijeron que una estrategia de contención en Sinaloa debería incluir que haya consecuencias para el Gobernador, pero esto no ha sucedido.

Además, funcionarios del norte del país alertan que están detectando presencia de criminales de Venezuela, El Salvador, Guatemala y Colombia, que han llegado a “cubrir la plaza” mientras los locales se han unido a los enfrentamientos en Sinaloa.

En Guerrero, los criminales se disputan las extorsiones, el control de las minas y tratan de contener la llegada de grupos asociados a La Familia Michoacana, a su vez desplazada por el CJNG en Michoacán. Allí, la estrategia no ha incluido consecuencias para presidentes municipales ni el fortalecimiento a policías locales.

En Chiapas, una disputa por el tráfico de migrantes ha traído muchísima violencia. Las autoridades no han logrado contenerla, y se ha expandido de algunos municipios a todo el estado.

En Guanajuato, el huachicol continúa siendo una causa central en la violencia, además de los acuerdos mafiosos entre la policía local y los grupos criminales, pero la respuesta ha sido similar a otros lugares.

El Gobierno de Sheinbaum prometió “diagnósticos regionales” que no ha cumplido. “Estamos viendo una expansión y acomodo territorial”, me dijo Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. “Hay un mayor deterioro de la eficacia gubernamental a nivel territorial”.

En el país está ocurriendo una recomposición criminal, mientras el Gobierno ha optado por las armas, los militares y una guerra, que ahora tiene cualquier otro nombre, aunque es más de lo mismo, con los mismos resultados de terror.