Digno representante del estado en donde inició la Independencia de México, el Poder Judicial de Guanajuato impugnó esta semana la reforma (per) judicial mediante una controversia constitucional, misma que fue admitida a trámite con el folio 298/2024.

No sólo eso, también habían manifestado públicamente su postura meses atrás: “El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, después de revisar puntualmente el aludido dictamen, estiman que, si la función judicial se rige por los principios de independencia, imparcialidad, honestidad y objetividad, se debe entonces respetar la designación de los cargos jurisdiccionales por carrera judicial, como un medio que garantiza la imparcialidad e independencia, así como la eficacia, eficiencia, excelencia profesional, probidad y rectitud en la prestación del servicio, y en consecuencia, los derechos adquiridos de quienes administran la justicia”.

Previamente, con la misma autoridad moral, había hecho lo propio Diego Sinhué Rodríguez como representante del Poder Ejecutivo de aquella entidad federativa el 25 de septiembre, el último día de su mandato (y como penúltimo integrante de la extinta Alianza Federalista, de la cual sólo queda Enrique Alfaro en Jalisco), antes de dejar el cargo a su sucesora. El primero del país en iniciar un procedimiento legal, como consta en el expediente 286/2024.

En Coahuila, mientras tanto, el Poder Judicial espera pasmado la señal del coach de bateo para actuar. Pero no es el único. Unos, en el Congreso, ni siquiera han enlistado el tema de la reforma para deliberación, acaso esperando por estrategia un momento idóneo (por ejemplo la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025) para corresponder su reciprocidad con una votación en consecuencia; y otros, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, aguardando agazapados la instrucción del coach de picheo para saber si se jubilan anticipadamente, se postulan a la hipotética elección de 2025, o simplemente se echan a llorar.

Volviendo al caso de Guanajuato, allá sus diputados locales ya rechazaron el bodrio de reforma (aunque sirva sólo para plantar una batalla simbólica, pues Morena y aliados tiene mayoría en 23 de 32 legislaturas estatales, cifra que le permite avasallar). Ni siquiera llegó a votarse en el Pleno, pues fue dictaminado en contra en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

A diferencia del Poder Judicial de la Federación, quien en Coahuila se ha mostrado participativo, activo y combativo como pocos, a través de sus empleados y juzgadores, con manifestaciones continúas, protestas públicas –con cierre de calles y performance incluido– y foros, los jueces y magistrados locales han escondido la cabeza –no todos, pero sí mayoritariamente– como si a ellos no afectase la andanada jurídica, o jugasen en otra liga.

No han emitido mayores objeciones, salvo alguna tibia crítica acerca de la dificultad (por no decir imposibilidad) para celebrar en condiciones democráticas las elecciones judiciales. Dando por hecho, al efectuarla, que son inevitables y no se pueden combatir por la vía del Derecho.

Al contrario, el anuncio de que “alistan ajustes a la Constitución local” es otra señal de que ya bajaron los brazos (aunque cabría cuestionar si alguna vez los tuvieron levantados). En su defensa podrían argumentar que necesitan estar preparados para cualquier escenario, pues sólo cuentan con 180 días naturales –contados a partir del 15 de septiembre, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación– para realizar modificaciones a la legislación local. El plazo concluye el 14 de marzo de 2025, pues.

Los propagandistas y desinformadores del régimen han propalado una falacia: el Poder Judicial no se puede defender a sí mismo de las aberraciones que pretende consumar en su contra el Poder Legislativo. Y usan eventualmente la palabra “pueblo” para justificar cualquier tropelía. Nada más alejado de la realidad.

Cortita y al pie

A su vez, cinco acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y turnadas al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Curiosamente una de ellas fue elaborada por Unidad Democrática de Coahuila (UDC), el partido local representado por Evaristo Lenin Pérez, su presidente (y dueño del negocio familiar).

Ahora bien, si este documento es igual al que formularon para impugnar la pasada elección de Ayuntamiento en Sabinas que se decidió por una diferencia de 104 votos a favor del Partido Verde contra su candidata de UDC, y que pese a la cercanía de sufragios fue desechado por unanimidad ante la falta de pruebas por el Tribunal Electoral de Coahuila primero, y la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después, entonces no hay muchas expectativas de triunfo.

La última y nos vamos

Por lo demás, en Guanajuato muestran valor civil y en Coahuila, en cambio, su vocación acomodaticia de cuida chambas.