La decisión del Gobierno federal de reducir el déficit público de 5.9 a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, ha generado dudas sobre sus implicaciones para el desarrollo económico de México.

Si bien la disciplina fiscal es esencial para mantener la estabilidad económica, la posible contracción en la inversión pública, particularmente en infraestructura estratégica, plantea muchos desafíos para el crecimiento y la competitividad del país.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), presidida por Alejandro Malagón, ya expresó su preocupación en la Reunión Anual de Industriales (RAI) sobre la posible reducción en la inversión en sectores críticos como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones e infraestructura energética.

Estos sectores son esenciales no sólo para atraer inversiones, sino también para capitalizar las oportunidades que el nearshoring ofrece al país.

La relocalización de empresas es una oportunidad que México no puede desaprovechar. Sin embargo, sin una inversión sostenida en infraestructura, estas oportunidades podrían perderse.

La Concamin propone un enfoque pragmático: la implementación de mecanismos transparentes y eficientes de inversión público-privada para compensar la reducción en el gasto público.

Además, la Confederación destacó la necesidad de reactivar la banca de desarrollo con programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymex), un sector clave para el crecimiento económico y la creación de empleo formal.

En un entorno económico incierto, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la recaudación fiscal y fomentar una política industrial con visión global, son propuestas indispensables para mantener la confianza de los inversionistas.

El Gobierno al parecer tiene apertura al diálogo y se dice dispuesto para “estar cerca, escuchar y entender los problemas”, un gesto que podría marcar el inicio de un nuevo enfoque de colaboración estratégica.

México tiene la oportunidad de posicionarse como un destino atractivo para la inversión global, pero sólo si se garantiza un entorno favorable para el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica y la productividad de las Pymes.

Es hora de un esfuerzo conjunto para asegurar que los planes de austeridad no comprometan el futuro económico del país.

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Tributaria (SAT) reportó un crecimiento notable en la recaudación tributaria, alcanzando 3 billones 687 mil 533 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, un incremento real de 5.3% respecto al mismo periodo del año pasado. El equipo de Antonio Martínez Dagnino logró un aumento de 346 mil 254 millones de pesos en la captación de impuestos. Este crecimiento se debe al Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que ha mejorado la equidad en el cobro de impuestos sin necesidad de nuevos gravámenes.

Y YA QUE HABLÁBAMOS del nearshoring, el regreso “en vacío” es un problema para las empresas de transporte de mercancías, ya que incrementa costos y reduce la eficiencia operativa. Cheicargo, una plataforma desarrollada para enfrentar este desafío, conecta transportistas y generadores de carga mediante inteligencia artificial, optimizando rutas y reduciendo el número de viajes sin carga. La plataforma digital dirigida por Michelle González garantiza un transporte más eficiente, seguro y confiable, al verificar a transportistas y a embarcadores en tiempo real, mejorando así el flujo de efectivo y la productividad del sector.

LA ECONOMÍA MEXICANA ha registrado dos meses consecutivos de contracciones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En septiembre el Indicador Oportuno de la Actividad Económica mostró una caída de 0.1% mensual, sumándose a la contracción de 0.3% en agosto. Ese desempeño refleja un cierre débil del tercer trimestre, con las actividades secundarias cayendo un 0.1% y las terciarias un 0.2%. Instituciones como el FMI han ajustado a la baja sus proyecciones de crecimiento para este año, aunque la Secretaría de Hacienda mantiene una perspectiva de expansión de 3 por ciento.

A PESAR DEL reciente encuentro entre empresarios y la presidenta Claudia Sheinbaum, persiste el nerviosismo por las reformas que frenan las inversiones, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El nuevo Gobierno debe fomentar un ambiente de estado de derecho y confianza para atraer inversiones. La falta de certeza ha deteriorado los indicadores de confianza empresarial, con una depreciación del peso de 17% y una caída de 4% en la Bolsa. Además, la posible aprobación de reformas constitucionales y la revisión del T-MEC aumentan la incertidumbre.