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En desacato

Por Sergio Sarmiento

Hace 1 mes

‘La reforma al poder judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México’.
Claudia Sheinbaum

 

La presidenta Sheinbaum rechazó este 18 de octubre retirar la publicación del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación como ordenó la juez decimonovena de distrito de Coatzacoalcos, Nancy Juárez Salas. La orden surgió como un incidente en un juicio de amparo ya que el Gobierno federal desacató previamente una suspensión provisional que impedía publicar la reforma.

Sheinbaum explicó su decisión de desacatar la orden de la juez: “Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al Presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación del Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”.

No es la primera vez que Sheinbaum o su predecesor desacatan una disposición judicial. López Obrador ordenó a sus senadores desobedecer las órdenes de la Suprema Corte para nombrar a los dos magistrados faltantes del Tribunal Electoral “porque los dos que quieren poner son del bloque conservador”. Desacató también las medidas cautelares del INE y el Tribunal Electoral para no usar las mañaneras para favorecer a Sheinbaum y a su partido en la contienda electoral porque dijo que eso violaba su libertad de expresión. En la aprobación de la reforma judicial, desacató una suspensión tras otra.

López Obrador siempre sostuvo que era el único y verdadero representante de pueblo por lo que sus decisiones y ocurrencias debían ser aceptadas sin cuestionar, aun cuando violaran la ley. “Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso”, declaró el 24 de septiembre de 2020. Hoy Sheinbaum ha tomado el mismo sendero al afirmar que el pueblo impulsó, en su infinita sabiduría, una reforma que da al Ejecutivo control sobre el Poder Judicial.

Los cortesanos de Palacio Nacional, supuestamente elegidos por sus conocimientos, cambian ahora sus posiciones para agradar a la Presidenta. Apenas el 6 de septiembre de 2022, cuando era presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar cuestionó en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa la posición de que “la Corte no está facultada para hacer lo que el proyecto nos propone”, decretar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Rechazó la posición de que “el único que puede reformar la Constitución es el poder revisor de la Constitución”, o sea, el Legislativo. Argumentó: “Con todo respeto, este constitucionalismo se encuentra totalmente rebasado y superado desde la reforma de derechos humanos de 2011. Las normas de derechos humanos de tratados internacionales y convenciones en que México es parte son Constitución”. Si “el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud. ¿este tribunal constitucional no podría hacer absolutamente nada?”. Por eso Zaldívar votó contra la prisión preventiva oficiosa que promovía López Obrador.

Hoy la Presidenta quiere convertirse en juez máximo, pero no tiene facultades para interpretar las leyes. Eso le toca al Poder Judicial. Una juez de distrito sí puede ordenar el retiro de una ley publicada en desacato de una suspensión. La idea de que la Corte no puede revisar una reforma constitucional refleja un “constitucionalismo totalmente rebasado”, en palabras de Zaldívar. La Corte tendrá que determinar si la reforma judicial es o no constitucional. Si Sheinbaum desacata, estará consumando un golpe de Estado.

 

Sin luz

Primero la mala. Cuba enfrenta una nueva crisis energética. Los apagones, siempre frecuentes, se han extendido por toda la isla. La buena. La electricidad la sigue generando Unión Eléctrica, una empresa propiedad del Gobierno.

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