La frase que pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, será una de las que la definan y la persigan durante lo que resta de su mandato. Porque decir, en un país como México, que no se va a acatar una orden de un juez, en este caso un amparo, “porque la petición de esa juez no tiene sustento jurídico”, equivale a que la Jefa del Estado Mexicano les diga a sus ciudadanos y gobernados que no están obligados a cumplir la ley, para pagar impuestos o atender un fallo judicial por ejemplo, y que sólo tienen que desacreditar al juez o la jueza que pretenda aplicarles la ley por una falta, delito o infracción legal.

¿Por qué razón una jueza federal, avalada en la Constitución y en las leyes como integrante del Poder Judicial de la Federación no tendría “sustento jurídico” para pedirle a una autoridad que detenga un proceso legal, porque hay una denuncia de amparo en contra de ese proceso argumentando violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos? Ni la doctora Claudia Sheinbaum ni su consejera jurídica, Ernestina Godoy, ni mucho menos su coordinador Arturo Zaldívar, explicaron con toda claridad y sustento constitucional en que se basa la presidencia de la República para desconocer la autoridad de un juzgador federal y la vigencia de la Ley de Amparo.

Fue como si las palabras de la Presidenta fueran ley y se colocaran, por obra y gracia suya, por encima del texto constitucional: “Una jueza no está por encima del pueblo de México”, sentenció la Mandataria, mientras endurecía la mandíbula y su política, y justo en esa frase demostró su desprecio por la Constitución. Porque una jueza, igual que un magistrado o una ministra, sí se deben al pueblo, pero primero respetan a la Carta Magna, que es la que les da facultades para revisar leyes o actos de Gobierno que lesionen a la dignidad y derecho de los ciudadanos o que violen los preceptos constitucionales.

Esta declaración de la Presidenta reveló una parte suya que hasta ahora se había mantenido disfrazada o escondida detrás de su afable sonrisa -aprendida y ensayada para su campaña-, pero que muestra un rostro y un tono más duro y autoritario por parte de la Presidenta mexicana. Decir varias veces que “la reforma va” -frase que de tan repetida ya suena a amenaza-, mientras se desconoce de facto la división y el equilibrio de poderes en la República, es un claro mensaje de que el autoritarismo de la 4T no terminó con el expresidente que se fue; y que es una segunda versión de un modelo autoritario de ejercer el poder, aparentemente suavizado por la nueva imagen de la doctora, pero decidida a ahondar en la senda del radicalismo que inició su antecesor.

Porque en las palabras de la doctora Sheinbaum resuena muy clarito el desprecio por la ley que tuvo el expresidente, a quien ella insiste en seguir llamando “presidente”, y que dictó los mandamientos de su movimiento cuando pronunció una de las frases por las que se le recordará en la historia: “No me vengan con que la ley es la ley”. A eso mismo equivale la respuesta que la Presidenta le dio a la orden judicial, al desconocer las facultades constitucionales de un juez y el derecho al amparo de la justicia que tienen todos los ciudadanos mexicanos.

Y en una nación que tiene una legalidad incompleta y cuestionada, una vigencia dudosa e irregular del Estado de Derecho, y una cultura de la ilegalidad ampliamente extendida en casi todas las ramas de la vida nacional, no puede haber nada más peligroso que, desde la Presidencia de la República y desde la Jefatura del Estado, la cabeza de las instituciones nacionales mande el mensaje de que la ley no siempre se cumple y que basta con desconocer la autoridad de una juez para violentar la Constitución, la Ley de Amparo y hasta el juramento presidencial.

La próxima vez que a un ciudadano lo quieran apercibir para que cumpla la ley o acate una orden judicial, podrá tranquilamente decir que: “no vamos a bajar nada porque eso que pide la jueza no tiene sustento jurídico” y así negarse a que se le aplique la ley o se le trate de aplicar la justicia. Claro que a usted ciudadano eso le costaría cárcel y muy posiblemente hasta maltratos, mientras que a la Presidenta hasta ahora sólo le ha valido reclamos y rechazo por parte de los juzgadores federales y de la oposición. ¿Qué dirá de todo esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, ¿estamos oficialmente ante una guerra declarada de poderes constitucionales?
Los dados nos regalan dos Escaleras Dobles. Nomás por el gusto de disfrutar la vida.