Una característica de los países de América que fueron colonizados por los europeos ha sido la secuela de carácter económico que dejó la dominación imperial, que impidió la dinámica de crecimiento independiente del entramado social, que se plegó a los intereses económicos del exterior. A pesar de que las poblaciones nativas se liberaban del yugo opresor, de la invasión armada se pasó a la explotación de los recursos naturales de las antiguas colonias, a través del asentamiento de empresas transnacionales que se encargaban de industrializar y exportar las materias primas al resto del mundo.
Por supuesto que México no fue la excepción: la generación de energía eléctrica, el transporte ferroviario y la exploración y explotación de gas, petróleo y minerales estuvieron por varios decenios en manos de compañías extranjeras. Entre ellas se pueden citar a los ferrocarriles y a las empresas productoras de electricidad. Esta columna hace un breve esbozo desde la perspectiva económica del desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La reforma energética de 2013
A iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto (2012-18), el Congreso de la Unión recibía la propuesta para permitir la apertura del sector energético a compañías privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como la generación de electricidad; los cambios constitucionales eran aprobados en diciembre de 2013. Con la reforma, los operadores políticos del gabinete económico del Gobierno, hábilmente, suprimieron el nombre de pública o paraestatal, para rebautizar a la CFE como Empresa Productiva del Estado, con un enfoque netamente empresarial.
De acuerdo con el modelo de país de las élites económicas, el nuevo apelativo la convertiría en eficiente y rentable. La aventurada afirmación mejor hubiera sido planteada así: ¿para quién se volvió productiva? Sin duda los beneficiados fueron los productores independientes de energía eléctrica, que supieron aprovechar las garantías que les otorgaba la reforma de fijar precios y recurrir a la CFE para que les cubriera las intermitencias de la producción de energías limpias, a través de tarifas relativamente bajas.
Productores independientes de energía
Después de 2013 y hasta el último trimestre de 2022, las empresas españolas y otras también de capital privado aprovecharon magistralmente las facilidades que les concedía la reforma energética, con lo que hacia 2021, 46% del mercado nacional de electricidad fue cubierto por la Iniciativa Privada, como Productores Independientes de Energía (PIE) y empresas generadoras de energías renovables, convencionales, de autoabasto y cogeneración, que participaban mediante subastas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el que los productores ofertaban y demandaban energía eléctrica a largo plazo, a través de contratos con precios pactados al momento de firmarlos.
El resto del mercado (54%) fue atendido por la CFE, aunque para satisfacerlo tuvo que recurrir a proveedores privados, quienes le vendieron 300 mil MWH en 2021, adquirió 320 mil MWH en 2022, y para el año pasado la compra llegó a 330 mil MWH. El precio promedio que pagó fue de 1.413 pesos por KWH, pero lo vendía en 1.019 pesos a los hogares mexicanos de consumo básico, es decir, aquellos cuya demanda no pasaba de 75 KWH/Mes. El subsidio fue de alrededor de 40 centavos por cada unidad de electricidad consumida. También debe señalarse que los generadores de energía privada tuvieron un margen de ganancia de más de 35% en la venta del KWH a la CFE.
El doble juego a que fue sometida la compañía fue perverso: era obligada a otorgar subsidios, siendo una empresa de carácter productivo por ley, y no regular los precios de los proveedores independientes que le vendían el servicio, el cual se considera estratégico para el crecimiento del país. La intervención de los organismos reguladores como la Cofece y la CRE, fue nula. No hubo ningún cuestionamiento. Al parecer, los desequilibrios financieros “inducidos” tendían a desprestigiarla y exhibirla ante la opinión pública como una empresa improductiva y corrupta, aunque a pesar del cambio de enfoque de social a productiva, siguió subsidiando la energía eléctrica a la población más vulnerable. De 2012 a 2023, el incremento al precio del KWH en tarifa básica fue 19%, por debajo de la tasa inflacionaria que llegó a 24.5 por ciento.
La malograda reforma energética de 2021
Fue una propuesta hecha por la pasada Administración federal (2018-24) la que aspiraba a lograr la soberanía nacional en el consumo de hidrocarburos y electricidad, recuperando la preponderancia de la CFE en el mercado eléctrico nacional. El cambio de paradigma eléctrico se sustentaba en dos principios, que habían estado “olvidados” durante más de 30 años porque los economistas del Gobierno e inversionistas los consideraban anacrónicos y contrarios a la mundialización financiera y comercial. A) El enfoque social sobre el de mercado de energía, y B) La cooperación antes que la competencia; ambos estarían presentes en las políticas que formulara la Secretaría de Energía (Sener) para la CFE.
Una vez que fue discutida y aprobada en el Congreso de la Unión, que implicó modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), fue objeto de demandas por representantes de sectores y empresas que veían afectados sus intereses económicos por los cambios en la misma. La controversia se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien dictaminó la reforma como inconstitucional por varias razones, entre ellas, 1.) Favorecía a la CFE sobre el resto de participantes en el mercado eléctrico; 2) Obstaculizaba la competencia económica; y 3) No consideraba el desarrollo sustentable de la industria eléctrica.
Conclusiones
La tasa de crecimiento de la economía nacional ha sido superior a la capacidad que tiene la CFE para abastecerla, independientemente de la participación de productores privados en el mercado. La tasa de inversión de la empresa ha sido insuficiente, y la obsolescencia de sus activos muy acelerada. Se requiere de un cuidadoso plan de acción de largo alcance, que a pesar de mantener los subsidios a la población de menores recursos, busque la autosuficiencia financiera, evitando la socialización de sus pérdidas.
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