Si por algo se caracterizó la Legislatura pasada en Coahuila, además de facturar hasta el medicamento para hemorroides con cargo a la Tesorería, como se difundió en este mismo espacio, fue por exhibir su falta de pericia para legislar.

Parecería peccata minuta si la comparamos con lo que sucede actualmente en el Congreso de la Unión, donde Morena y aliados usan la aplanadora sobrerrepresentada para tramitar leyes sin siquiera leer lo que votan, como evidencian los errores y contradicciones registradas en los documentos días después de haber sido aprobados.

Aunque una cosa es la sinrazón que ejerce la tiranía de la mayoría calificada federal, y otra la presunta normalidad legislativa que hay en Coahuila. Por eso llama la atención el tamaño del fiasco.

El jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se despachó invalidando leyes de ingresos de 22 municipios de Coahuila que, a la luz de lo juzgado, dibujan un estado ultrarestrictivo y abusivo.

Es sugerente, por lo demás, que más del 50% del total de ayuntamientos en el estado presente vicios de inconstitucionalidad. En opinión de la Corte, violaban los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, gratuidad del acceso a la información, así como el derecho de reunión mediante cobros por impuestos a espectáculos y diversiones, multas administrativas imprecisas, u otras irrisorias como participar en juegos y deportes en la vía pública.

La resolución afectó a Sabinas, Frontera, San Buenaventura, Villa Unión, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe, Guerrero, Zaragoza, Nadadores, Hidalgo, Jiménez, Piedras Negras, Sacramento, Matamoros, Progreso, Monclova, Viesca Lamadrid, Torreón y Nava.

Se trata de la acción de inconstitucionalidad 24/2024, promovida por el Poder Ejecutivo (léase los esbirros de López Obrador) y resuelta por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Si piensa que hay algo personal contra la entidad por tener esta un Gobierno de oposición, no va por ahí el asunto, pues en agosto la Corte enlistó una serie de acciones de inconstitucionalidad similares, en contra de leyes de ingresos de varios municipios: la número 41/2024 vs. Sonora, la 44/2024 vs. Veracruz, la 39/2024 vs. Aguascalientes, y la 68/2024 vs. Oaxaca, por citar algunas.

Cuando todo mundo está pensando en otra cosa, es decir, el 12 de diciembre, habían sido votadas por unanimidad las referidas leyes de ingresos en el Poder Legislativo de Coahuila (el único que se abstuvo de votar en su día, fue el morenista Rodolfo Walss) y fueron publicadas en el Periódico Oficial el 22 de diciembre de 2023, a escasos nueve días de concluir el periodo de los diputados encabezado por Eduardo Olmos como presidente de la Junta de Gobierno los tres años de la Legislatura.

Los ayuntamientos, particularmente los menores a 50 mil habitantes, suelen ser comunas limitadas en presupuesto que por consecuencia tienden a extralimitarse para obtener recursos.

Ahí es donde debería cumplir su función el Congreso del Estado: supliendo las deficiencias y regresándoles a la legalidad.

Ahora bien, y qué pasará con el dinero ingresado en los primeros nueve meses del año por esos conceptos. La Corte sólo notifica, pero no traza la ruta a seguir para la devolución de los recursos, ya que su función como órgano de control se limita a validar leyes y dirimir conflictos entre poderes.

No obstante, no es el único caso que involucra esa Legislatura, la 62, en donde la Corte le enmienda la plana. Antes del tema que nos ocupa, había sido invalidada la reforma electoral de Coahuila que se aprobó en septiembre de 2022 por los mismos diputados locales, la cual incluía, entre otras modificaciones a la Constitución y el Código Electoral, la obligación de postular una mujer como candidata a Gobernadora de la entidad en la elección posterior a la que hubiese sido candidato un hombre. En 2029, concretamente.

Es historia. Básicamente echaron abajo la reforma en enero de 2023 por un asunto de técnica legislativa (o de sembrar el error deliberadamente en un texto legal, según se vea, para posteriormente invocarlo y tumbar las reglas, con las cuales el grupo en el poder nunca estuvo de acuerdo en su día sin embargo tenía que votarlas entonces para salir al paso de una coyuntura: la designación de un varón como aspirante).

Cortita y al pie

Sucedió también en General Cepeda, hasta hoy territorio de los Salas (PAN) que volverá en 2024 a manos de los Zamora (PRI), como si se tratase de una película de Pedro Infante.

La Corte invalidó también este mes, el 8 de octubre, disposiciones de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2024, relacionadas con derechos locales por la expedición de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos en el municipio.

 La última y nos vamos

La ironía es que se trata de los mismos diputados locales que actualmente despachan desde la curul, pues ocho de los 25 (todos del PRI) fueron reelectos en 2023 por un periodo legislativo más.

Esos que hoy tienen en sus manos el deber de armonizar las leyes locales para la elección de jueces por voto popular en 2025, entre otras tareas peliagudas.

Dios los (nos) agarre confesados.