POR: JORGE VOLPI

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, numerosos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado con la complicidad de todos los órganos de seguridad del Estado, desde la Policía Municipal hasta los militares.

Tanto las autoridades locales, como las federales, apenas tardaron en condenar enérgicamente los hechos y prometieron –como siempre prometen– una investigación eficaz. Sabemos muy bien lo que ocurrió. A fin de proteger al Ejército, el Gobierno de Peña Nieto hizo lo contrario: tramar un relato –al que hoy conocemos como verdad histórica– a partir de la manipulación de pruebas y testigos y la tortura de los presuntos involucrados. Todos los procesos judiciales derivados de esta maniobra naufragaron y el régimen priista se vio precipitado en un descrédito del que ya nunca se recuperó.

En buena medida, el triunfo de López Obrador en 2018 fue consecuencia de Ayotzinapa y él se comprometió en campaña a resolver el caso. Ocurrió, otra vez, lo contrario: a fin de defender al Ejército –al que no sólo no devolvió a sus cuarteles, sino al que le entregó el control total de la seguridad pública, así como aduanas, puertos, aerolíneas, bancos y la construcción de infraestructura–, impidió cualquier avance en las investigaciones.

Y, pese al sonoro anuncio de una política de “abrazos, no balazos”, apenas alteró la estrategia previa. Durante seis años se negó a formar cuerpos de investigación o a reformar el trabajo de las fiscalías o los ministerios públicos: es decir, a crear las condiciones para que lo sucedido en Ayotzinapa no fuera a repetirse.

Para colmo, en el último tramo de su Gobierno, se empecinó en aprobar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, así como en aprobar una reforma judicial, que en ninguna medida ayudará a combatir la impunidad: la elección masiva de juzgadores por voto popular sólo acentuará la incertidumbre y alentará aún más el uso faccioso de la justicia.

En la semana crucial en que tomó posesión como Presidenta, otra vez la violencia en Guerrero amenaza con convertirse en una impronta en el naciente Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En esta ocasión, el recién elegido alcalde de Chilpancingo –la capital del estado, a unas dos horas de distancia de Iguala–, de la coalición opositora, fue asesinado y decapitado apenas días después del asesinato del secretario del Ayuntamiento, y de quien habría de convertirse en su responsable de Seguridad.

Hay que apuntar que su antecesora, quien llegó al cargo bajo las siglas de Morena –quien al cabo sería expulsada de este partido–, había sido captada en una cita con el líder de Los Ardillos, uno de los grupos criminales que se disputan la zona, y que las primeras versiones dadas a conocer por el nuevo secretario de Seguridad federal apuntan a que esta banda habría sido responsable del horror.

Por supuesto, el Gobierno condenó enérgicamente los hechos y prometió –como siempre prometen– una investigación eficaz. Entretanto, Sheinbaum y García Harfuch acaban de presentar su nueva estrategia de seguridad.

El uso del adjetivo es notable: se trata de uno de los pocos rubros en los que la Presidenta se ha atrevido a dejar de un lado la continuidad, reconociendo tácitamente el fracaso de su predecesor.

Su intención es aplicar a nivel federal lo aprendido en la Ciudad de México, centrándose en los principales hubs desde los que irradia la violencia y en acentuar las labores de investigación e inteligencia para detectarla, prevenirla y combatirla de forma cercana.

El nuevo enfoque suena alentador, pero la gran enseñanza que dejan Iguala en 2014 o Chilpancingo en 2024 es que cualquier política de seguridad necesita imperiosamente de un Estado de derecho, del cual el país hoy carece por completo.

La desastrosa reforma judicial será más bien un impedimento para que la nueva estrategia tenga éxito; aun así, resulta urgente una reforma integral que abarque a las policías, los ministerios públicos y las fiscalías y que se preocupe por la profesionalización de estos cuerpos. De otro modo, crímenes como los de Guerrero seguirán ocurriendo una y otra vez.