“La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país”.
Naciones Unidas, “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, 1985

Nos dijeron que el propósito de la reforma judicial era limpiar de corrupción al sistema de justicia, pero ni una sola de las medidas que se han tomado hasta ahora tiene ese propósito. Tampoco ha habido alguna que busque combatir la corrupción en las policías o los ministerios públicos.

La reforma judicial es una venganza del expresidente López Obrador contra los jueces que le salieron con “el cuento de que la ley es la ley”, pero también un proceso perverso para acabar con la independencia judicial.

Esto lo ratifica la iniciativa para enmendar las leyes electorales secundarias. La propuesta fue sometida al Senado por el Ejecutivo apenas el 7 de octubre, pero ya la aplanadora oficialista la aprobó al vapor en comisiones la noche del 8. Además, el dictamen fue modificado a las 9 de la noche para violar las enmiendas constitucionales promulgadas apenas el 15
de septiembre de este 2024.

Al lanzar la reforma, el expresidente López Obrador prometió que los jueces serían “elegidos de manera libre, directa y secreta por los ciudadanos”, pero después, en el Artículo 96 de la Constitución, estableció que la elección no sería ni libre ni directa.

No cualquiera podrá postularse; los candidatos serán seleccionados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena, y el Judicial, con cada vez mayor presencia de Morena. La selección de candidatos la harán unos comités de evaluación, pero ahora resulta que el Gobierno desconfía incluso de estos.

Por eso, en el dictamen de modificación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales se introdujo una nueva disposición, en el Artículo 500, numeral 8, que le da al jefe del Ejecutivo y a los líderes de las Cámaras la facultad de vetar candidatos.

Si la reforma original le daba al Gobierno una enorme fuerza para controlar las elecciones de jueces, la enmienda a la ley secundaria la garantiza. “No se les va a ir un ministro, un magistrado o un juez”, me dijo ayer Ricardo Anaya, el senador del PAN.

Quien controla los candidatos, controla la elección. Esto lo sabe el Gobierno cubano que permite las elecciones a la Asamblea Nacional de su país, la cual después escoge al Presidente de la República, pero sin permitir candidatos independientes. Lo mismo busca el Gobierno de Morena: tener elecciones, pero sin ningún candidato independiente.

El arma más poderosa para controlar a los jueces será, sin embargo, el Tribunal de Disciplina. Este no será como el actual Consejo de la Judicatura Federal, que puede establecer medidas disciplinarias contra jueces, pero que no puede intervenir en sus decisiones. La manera de descartar una decisión de un juez en un estado de derecho como el que tenemos es a través de una apelación a un tribunal superior.

El nuevo Tribunal de Disciplina, en cambio, podría intervenir en las decisiones del juez en cualquier momento. Los que desobedezcan podrían ser destituidos o incluso procesados. Además, las decisiones del Tribunal de Disciplina serían inatacables: los jueces no tendrían derecho a defenderse.

El Gobierno no está buscando democratizar la justicia ni combatir la corrupción. Su objetivo es acabar con la independencia judicial. Ni siquiera sería un regreso a los tiempos del viejo PRI porque, aunque los jueces eran nombrados por el Ejecutivo, gozaban de relativa independencia. En el nuevo sistema los jueces pagarán hasta con cárcel cualquier discrepancia con las órdenes recibidas. Ningún juez se atreverá a desacatar las instrucciones “de arriba”.

Ferrocarriles

Los diputados aprobaron una iniciativa que permite al Gobierno tomar las vías de ferrocarril para servicios de pasajeros. Nadie realizó un estudio de factibilidad económica. Los trenes son eficientes para carga, pero no para pasajeros. Por eso se cerró el servicio. Los pasajeros abandonaron los trenes antes de que Ferrocarriles Nacionales lo suspendiera.