Dentro del régimen que convirtió la Administración pública federal en dinero en efectivo, y transformó el Gobierno en un cajero automático en medio de la nada, Bienestar es la oficina más deseada. O la única donde hay movimiento.

Por ello la trascendencia de quienes ocupan las delegaciones en los estados, pues el flujo periódico de recursos y listas con datos personales de ciudadanos a su disposición, le llamen como le llamen, es una combinación clientelar-electoral.

No es casualidad que los titulares (junto a senadores de Morena) hayan constituido el principal granero de candidaturas a Gobernador en sus respectivas entidades el sexenio pasado. Joaquín Díaz Mena en Yucatán (2024) y Delfina Gómez (2023) en el Estado de México representan los últimos ejemplos.

Justo es decirlo, en su libro El Gran Corruptor (Grijalbo, 2023), Elena Chávez dedica un capítulo denominado Adultos mayores: robo inmoral, al desarrollar una hipótesis haciendo un ejercicio documental: la manipulación del padrón de la Secretaría de Bienestar, concretamente del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de inflar artificialmente el número de registros y desviar consecuentemente los recursos destinados a hipotéticos beneficiarios inexistentes.

Es la política pública estrella del sexenio anterior, cuya trampa radica en la universalidad. Se difunde como un derecho constitucional por el hecho de arribar a cierta edad, independientemente de la condición económica que tenga la persona, lo cual quitaría –según ese argumento– el carácter de clientelismo electoral, pues al recibir todos el apoyo independientemente de su filiación política, ya no se puede acusar un uso partidista (si sólo tres mayores de 65 años no la reciben, la estadística será incorrecta entonces: Carlos Slim, Germán Larrea, y Ricardo Salinas; los tres multimillonarios más ricos de México).

En realidad es un mecanismo de automatización que arroja nuevas incorporaciones bimestrales, las cuales posteriormente se convierten en cantidades de presupuesto difíciles de auditar y fiscalizar. El padrón único de beneficiarios es imposible de cotejar, ya que se compone de múltiples archivos, con diferentes conceptos y fechas.

Otra estrategia es la ralentización del proceso de pago (y hacer de las letras del abecedario para las fechas de cobro una propaganda permanente) a fin de provocar filas y aglomeraciones lo suficientemente notorias en espacios públicos, para legitimar el dispendio. Que se vea la mano invisible del régimen y la gente respondiendo a esos estímulos. Que recibir una ministración implique multitudes como escenografía de aprobación desbordante a las políticas del Presidente, cuando en realidad se trata de incompetencia, desorganización y exaltar la doctrina del pobrismo. Hacer complicado lo fácil. Populismo setentero. Y aquí viene lo interesante.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores –el votante más fiel de todos en la lista nominal, por cierto– se entregó a 197 mil 791 personas en Coahuila durante el bimestre correspondiente a noviembre-diciembre de 2021.

Al 31 de diciembre de 2022 la cantidad creció a 251 mil 395 atendidos, y hasta el último corte de caja oficial, el cual data de enero 2024, Bienestar Coahuila dice atender a 286 mil 751 adultos mayores con la entrega de 6 mil pesos bimestrales, aunque las incorporaciones previas al inicio de la veda electoral cerraron el padrón en 300 mil, de acuerdo con lo declarado por la exdelegada, a un medio de comunicación de La Laguna. Así, sin mayor detalle.

Ahora bien, según el censo más reciente del Inegi, en 2020 había 230 mil habitantes en Coahuila mayores de 65 años (edad a la que inicia la ‘pensión’). Por tanto, el incremento de casi 103 mil personas al padrón en tres años tendría explicación en el envejecimiento del grupo poblacional entre 60 y 64 años, el cual se estimaba en 119 mil personas en 2020 (aunque quienes tenían 60 entonces todavía no alcanzan la ‘pensión’, sino hasta 2025). Además habría que restar las defunciones registradas en ese plazo, atravesado por la pandemia.

Entre 2021 y 2023, para contextualizar, murieron 37 mil 568 mayores de 65 años en Coahuila, y 6 mil 468 habitantes más entre los 60 y 64 años, según las estadísticas de mortalidad del Inegi. Evidentemente, por consecuencia, las cifras de Bienestar no cuadran al cotejarse con las oficiales.

Cortita y al pie

El último reporte de Bienestar implica una erogación de mil 800 millones de pesos bimestrales, o 10 mil 800 millones anuales a los adultos mayores de la entidad.

Para dimensionar: si en la danza de las cifras tan sólo 1% de los 300 mil afiliados, o sea 3 mil inscritos, tuviesen inconsistencias (por llamar al fraude de alguna manera), ello supondría la malversación de 9 millones de pesos al mes o 108 millones al año, al costo establecido en 2024.

Nada mal para ir haciendo un cochinito. La pregunta fundamental es: ¿y quién puede disponer de él?; ¿se queda en la CDMX, o aterriza en el estado?

La última y nos vamos

No menos importante la frase “es tiempo de mujeres”, pronunciada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su discurso inaugural.

Ariadna Montiel es la secretaria desde 2022 y fue ratificada en el cargo como secretaria de Bienestar para el sexenio en curso. No obstante de las 32 delegaciones en el país, sólo en 11 la titular es mujer y en 21, por el contrario, varón; apenas una tercera parte del total es femenina. Ahí no hay paridad de género que valga.

En algunos casos, como Coahuila, la mujer al mando fue depuesta para imponer un hombre.

¿Y el hombre fue impuesto para perfilar a una mujer?