Detrás del burdo manotazo presidencial, de sus prisas y su obsesión por aprobar la cuestionada reforma al Poder Judicial antes de que termine su sexenio, López Obrador quiere lograr un doble blindaje: primero para él, que no pueda ser acusado ni procesado por los jueces y ministros autónomos una vez que deje el poder; y luego para su sucesora, Claudia Sheinbaum, que no la puedan frenar, obstaculizar ni tampoco acusar con un sistema judicial sometido y a modo de su movimiento político.

Pero si bien la ejecución tan sucia y desaseada de ese plan, para la que echó mano de todo el aparato del Estado, con amenazas, expedientes judiciales, extorsiones y compra de senadores, fue totalmente obra suya, la idea de desaparecer al Poder Judicial y a la Suprema Corte autónomas para poner en su lugar jueces politizados y manipulables, se la dio su gran amigo Luiz Inácio Lula Da Silva, el actual Presidente del Brasil, quien en una plática hace unos años le advirtió: “Tienes que cuidarte de los jueces, esos pueden acabar con tu proyecto político”.

El consejo de Lula era totalmente empírico y se basaba en lo que le sucedió al líder del Partido de los Trabajadores en su primera presidencia de Brasil entre 2003 y 2011 cuando, después de haber dejado el poder con niveles de popularidad del 80% y de haber colocado como su sucesora a su pupila Dilma Rouseff, el exmandatario brasileño, al que en ese momento le diagnosticaron un cáncer de garganta tras concluir su mandato y que logró superarlo, comenzó a ser investigado por el escándalo de corrupción de Petrobras, la compañía petrolera brasileña.

Fue justo el Poder Judicial brasileño el que en 2016, procesando denuncias de corrupción de la oposición de ese país en contra del expresidente, pero también de la presidenta Dilma Roussef, ordenó primero la detención de Lula Da Silva en marzo de 2016, acusado de haber recibido sobornos a cambio de contratos de Petrobras.

Lo detuvieron entonces para interrogarlo, pero la presidenta Rousseff trató de darle impunidad nombrándolo ministro de la Casa Civil, pero un Juez del Supremo Tribunal del Brasil suspendió el nombramiento, y aunque otro juez de un Tribunal de Río de Janeiro le levantó las medidas cautelares, ese mismo día volvió a ser suspendido por el juez Gilmar Méndez, del Supremo Tribunal brasileño (equivalente a la Suprema Corte mexicana) y finalmente el 12 de julio de ese mismo año Lula fue condenado a 9 años de prisión por el juez Sergio Moro, con un fallo que por primera vez en la historia brasileña mandaba a prisión a un expresidente por “corrupción pasiva”.

Con Lula encarcelado y anulado políticamente, la embestida de sus opositores escaló y un mes después, el 31 de agosto de 2016, la presidenta Dilma Rousseff, su pupila y sucesora, era destituida del cargo por el Senado de Brasil que la declaró del delito de “responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales y la firma de decretos económicos” sin la aprobación del Congreso brasileño por votación de 61 votos contra 20.

Esa fue la experiencia por la cual Lula Da Silva, en una de sus reuniones con López Obrador cuando éste asumió la Presidencia de México en 2018, le aconsejó “cuidarse de los jueces” que podían ser utilizados por sus opositores no sólo para acusarlo, perseguirlo y encarcelarlo a él, sino también para embestir a su pupila y sucesora, Claudia Sheinbaum.

Por eso, cuando empezó su confrontación política contra el Poder Judicial de la Federación, atizada por la falta de experiencia política y de tacto de la ministra presidente Norma Piña, el presidente López Obrador encontró el pretexto perfecto para emprender su cruzada en contra de los jueces, magistrados y ministros a los que empezó a acusar y a denostar públicamente, tachándolos de “corruptos”, “privilegiados” y “servidores de la oligarquía política y económica”.

Y es que, durante los cuatro años de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte, el Presidente no tuvo necesidad de aplicar su plan para desmantelar la autonomía judicial porque Zaldívar se le entregó completamente y se convirtió en su lacayo, obedeciendo todas las órdenes y peticiones que López Obrador le hacía a través de su poderoso consejero jurídico, Julio Scherer, quien aprovechó para hacer una productiva mancuerna con el titular de la Corte. Pero cuando terminó la presidencia de Zaldívar y, de manera inesperada llegó a la presidencia Norma Piña, las cosas cambiaron.

Tras el primer desaire público e histórico que le hizo la nueva presidenta de la Corte, en aquel aniversario de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro, el 5 de febrero de 2023, Andrés Manuel halló el camino perfecto para echar a andar el plan de destrucción del Poder Judicial autónomo que traía desde que llegó al poder en 2018, pero que había contenido por los oficios y los servicios de Zaldívar.

Y, paradójicamente, la ministra Piña, cuyo gesto le valió loas y reconocimientos de la oposición, que la convirtió en heroína y ella se lo creyó acercándose a los nefastos líderes opositores y dejándose seducir por sus elogios, se convirtió en el instrumento perfecto para que AMLO echará a andar su plan de demolición del Poder Judicial federal, al que bautizó como el “Plan C”.

Tan sólo un año le llevó concretarlo y la pasada elección presidencial y el triunfo contundente de su candidata y de su partido, le dio los argumentos políticos suficientes para manipular y presionar a las instituciones electorales, construirse una mayoría artificial en la Cámara de Diputados, comprarse la otra mayoría con amenazas y extorsiones en el Senado, para lograr el objetivo: ya no habrá jueces autónomos que se atrevan a juzgarlo ni a él ni a su sucesora; en su lugar, disfrazados de “democracia” habrá ministros, magistrados y juzgadores federales afines a su movimiento, impulsados y votados por su superestructura electoral y sus bases clientelares, que no representarán un peligro para ninguno de los dos.

Y así, con engaños, violaciones constitucionales y un autoritarismo que superó incluso al de sus maestros del viejo régimen priista, López Obrador se irá blindado a su rancho tropical en Palenque y dejará también protegida a la presidenta Sheinbaum.

Claro que el blindaje judicial por el que destruyó a uno de los tres pilares de la República, el Poder Judicial autónomo, sólo le alcanzará para protegerse de la justicia mexicana, pero difícilmente lo salvará si, como se especula, desde el extranjero llega a haber alguna investigación o acusación grave en su contra. Ahí sí no lo salvaría ni el consejo de Lula.

Agitamos los dados. Capicúa después de las tres Serpientes.