Sobre la reforma de AMLO al Poder Judicial de la Federación, tanto oficialistas como opositores, ya expusieron sus opiniones, desavenencias y reclamos, y ha quedado claro que lo que pretende López Obrador, Morena y sus aliados, es someter al presidente en turno a la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Pero dicha reforma constitucional no modificará de inmediato algunas instancias “justicieras” de los estados, como las fiscalías, ministerios públicos y las policías.

Según argumentan los oficialistas, en la elección del pasado 2 de junio, “el pueblo” decidió la reforma judicial. Según ellos, para modificar la constitución en un tema tan sensible como la justicia, bastan los 36 millones de votos en favor de AMLO y Claudia Sheinbaum, y no los más de 100 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral.

Por parte de la oposición, los desacuerdos son con la elección popular de los impartidores de la justicia, que terminaría con la carrera judicial y abriría las puertas al crimen organizado en la elección de jueces y magistrados en donde dominan los facinerosos, que es la tercera parte del país. Esto hace suponer que en la actualidad los criminales no controlan a los juzgadores, pero la verdad es que las actividades del crimen organizado ni siquiera son investigadas, menos aún juzgadas.
En lo personal, durante mi vida he tenido ingratas experiencias con la justicia, interpuse tres demandas laborales por despido injustificado, denuncié tres robos y el tiroteo a mi automóvil estacionado en la puerta de mi casa, y nunca tuve respuesta. Demandé justicia por el secuestro de un hijo mío, por el Procurador de Mendoza Berrueto, Raúl Felipe Garza Serna, con la colaboración de los entonces directores de Seguridad Pública, Óscar Pérez Benavides, y el de la Policía Judicial, Gerardo Arrellano Acosta.

Tampoco tuve éxito en lograr justicia denunciando dicho abuso en la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, que presidía en ese entonces Javier Villarreal Lozano (+), ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Jorge Carpizo MacGregor, menos aún en las redes de Derechos Humanos de Javier Gil Castañeda. Por eso, no tengo ninguna objeción en que se realice una reforma judicial, pero no la que ha ordenado López Obrador.

La reforma de AMLO no pretende mejorar la justicia, sino someter al presidente en turno el poder judicial, para que no haya contrapesos, y con lo cual se pone en riesgo el progreso económico y laboral que ha traído a nuestro país el T-MEC, pues nadie querrá invertir en una nación gobernada por el autoritarismo y la dictadura, eso sí democrática, porque llegó al poder con elecciones basadas en el sistema de partidos y con un INE supuestamente autónomo e independiente.
Sin embargo, a pocos días de reformarse la constitución, los opositores insisten en que al obradorismo le falta el voto de un senador para lograr su objetivo, y tienen esperanza que con ese voto faltante no se realice la reforma, pero con la partidocracia corrupta, mercenaria y oportunista que tenemos, eso no es ninguna garantía.

Los oficialistas insisten en que el pueblo electorero no se equivoca; sin embargo, la historia inmediata afirma lo contrario, pues en lo que va del presente siglo, el “pueblo sabio” se ha equivocado cuatro veces: Primero con Vicente Fox, luego con Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto, y por último con Andrés Manuel López Obrador. Y todas estas equivocaciones fueron por dádivas gubernamentales llamadas pensiones, que son la forma institucional de comprar votos, además de la compra de sufragios el día de las elecciones.

¿Quién será el traidor que le dé a AMLO y a Morena el voto que les falta para aprobar la reforma ordenada? Cualquiera, finalmente eso ya no importa, pues todos los legisladores, políticos y autoridades, han traicionado a los mexicanos, por eso México está en la situación en que se encuentra, y nada de esto es extraño, pues cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pues a final de cuentas el gobierno es el reflejo del pueblo que los eligió mediante la venta de sus votos.

Política aldeana

López Obrador terminó su gobierno como lo empezó: Mintiendo. En su sexto informe plagado de falsedades y loas a su gobierno, el merolico de Palacio Nacional señaló cínicamente datos que invitan a las carcajadas o al llanto. Las mentiras que AMLO vomitó en su informe dicen: que ya terminó con la corrupción; que deja un sistema de salud mejor que el de Dinamarca; que redujo la pobreza; que combatió el huachicol y con ese ahorro construyó la refinería de Dos Bocas; que en seguridad los homicidios dolosos bajaron 18 %, los feminicidios 37.6%, pero nada dijo de los desaparecidos. Presumió sus programas sociales, pero no precisó que se pagan con dinero de los contribuyentes. Y externó estar muy contento y con la conciencia tranquila. ¡Qué poca madre!

Días después aclaró en la mañanera que para provocar a sus críticos, en su informe había pedido la votación a mano alzada en favor de la reforma judicial, y externó que el sistema de salud en México era mejor que en Dinamarca. En pocas palabras, AMLO utilizó al “pueblo sabio” para burlarse de sus enemigos, pero de quienes se burló fue de sus interesados fanáticos que son los que padecen el deplorable sistema de salud de México, pues los conservadores no se atienden en el IMSS, sino en clínicas privadas.

Usted sabe si se carcajea o suelta el llanto con el cinismo galopante del peje.

Preguntas huérfanas

¿Sabía usted que al exalcalde Isidro López Villarreal lo enviaron a Médica Bosco para una cirugía que pagó el municipio de Saltillo, y a los demás empleados los atienden en el Hospital Universitario?

¿Será verdad que el chofer de Eduardo Garza Martínez, presidente de Canacintra-Coahuila sureste, es aviador en la UAdeC?

¿Quién es el “pueblo de México”, los 36 millones que votaron por AMLO y Claudia Sheinbaum o los 132 millones de mexicanos que habitamos el país?

¿Habrá quién crea que en México son más los buenos que los malos?