Saltillo, Coah.- Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia, advirtió que elegir jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular, implica varios riesgos y uno de ellos es incurrir en el delito de prevaricación, es decir, emitir una resolución contrario a derecho.

“La administración de justicia resuelve los problemas judiciales de toda la controversia que hay con la autoridad y tiene que ser una autoridad imparcial, tiene que evitar el delito de prevaricación”.

“¿En qué consiste el delito de prevaricación? En emitir una resolución judicial en contra de la ley, en contra de los motivos que generaron el conflicto, y en este caso, lo que ocupa y preocupa, al menos al escrutinio público sobre esta reforma constitucional, pues la incidencia de poderes, la eliminación de la línea divisoria, de la división clásica de poderes, ese es el riesgo que podríamos, a ojo de buen cubero, ubicar”.

En términos jurídicos, la prevaricación es un delito que cometen única y exclusivamente los administradores de justicia, cuando su resolución va en contra de la ley o de los hechos que se presentaron, ningún particular puede cometer ese delito es el juzgador.

Otro tema preocupante es el tema de la justicia constitucional, porque se elimina el juicio de amparo en materia de controversia constitucional, lo que quitaría el freno que actualmente existe.

“La reforma afecta la parte orgánica, el tema del sistema tradicional de la administración de justicia que conocemos. Todo cambio es bueno, siempre hay áreas de oportunidad que podemos tomar, pero lo que ha preocupado al gremio de la profesión jurídica es la designación de las figuras de las autoridades judiciales, de los juzgadores, en este caso ministros, magistrados, jueces”.

“Lo que está en el escrutinio público es el cuestionamiento a las tómbolas, el cuestionamiento de cuestión aleatoria, porque siempre lo que ha imperado es el perfil. Siempre ha sido propuesta del Poder Ejecutivo, sin embargo, hay requisitos que la Constitución federal y local establecen como la edad, la experiencia profesional, obviamente la formación jurídica especializada”.

De aprobarse la reforma en el Senado y por parte de los congresos estatales, que deben respaldar la reforma con el 50% más 1, en las universidades tendrían que modificar sus planes de estudio, conforme al contenido del dictamen final.

Explicó que la elección por voto está motivado en el sistema jurídico de Estados Unidos, pero es diferente; allá es en el eslabón más bajo de la administración de justicia, en los juzgados cívicos municipales, no en la Corte norteamericana.

“Los riesgos que implica es que la administración de justicia recae en personas y evidentemente se busca que las personas tengan una capacidad jurídica, no quiero decir que quienes vayan a ser electos en un futuro no la tengan, pero la división clásica, de la división de poderes, es precisamente separar el tema de la administración del Estado, y en este caso la administración de justicia tiene que tener una independencia clara y definida para que sea una cuestión técnica”, concluyó.