Nacional
Por Grupo Zócalo
Publicado el miércoles, 4 de septiembre del 2024 a las 04:35
Ciudad de México.- Cuerpo a cuerpo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y estudiantes de Derecho de diversas universidades del país buscaron impedir ayer, desde las 4 de la mañana, que se aprobara la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador con el bloqueo en todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Sin embargo, a pesar de dos suspensiones judiciales vigentes, de múltiples protestas y decenas de exigencias al diálogo de sectores políticos, empresariales, civiles y hasta la Embajada de Estados Unidos advirtiendo riesgos a la relación bilateral, las bancadas de Morena, PT, y PVEM se atrincheraron, en una sala de usos múltiples resguardada por granaderos, y aprobaron la reforma judicial con un improvisado Pleno en la sede alterna.
Con la previsión de que quedará aprobada la madrugada de este miércoles, se espera que sea turnada al Senado, que se prevé lo apruebe en comisiones el próximo domingo.
Por horas, los trabajadores del Poder Judicial lograron bloquear el acceso a los morenistas los accesos a San Lázaro, pues también cerraron el acceso por las calles Eduardo Molina, Congreso de la Unión, y Sidar y Rovirosa. En paralelo, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del PJF, advirtió que en los próximos días el movimiento mantendrá el bloqueo a la Cámara de Diputados y no permitirá sesionar a sus integrantes.
En el debate, los guindas aseguraron que no engañaron a nadie y prometieron a la ciudadanía que si les daban mayoría, avalarían las reformas constitucionales de López Obrador.
En contraste, la oposición denunció una reforma mal hecha, producto de la venganza contra un poder que no sucumbió al Ejecutivo.
Será exprés
Ayer también se instalaron, por separado en el Senado, las comisiones de Puntos Constitucionales, que preside Ernestina Godoy, y Estudios Legislativos, a cargo de Citlalli Hernández, ambos senadoras morenistas que buscará que el próximo domingo se pueda sesionar para dictaminar y aprobar la minuta de la reforma judicial.
Huye la IP de EU hacia Texas
Empresarios estadunidenses agrupados en la American Society of Mexico, anunciaron el freno de anuncios de sus inversiones en el país y llevarse sus recursos a Texas. En el marco de su Tercera Convención Binacional, Larry Rubin, presidente la cámara empresarial, aseguró que esto ocurre ante la incertidumbre generada por el paquete de reformas, sobre todo la del Poder Judicial.
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Texas como alternativa, porque la incertidumbre es uno de los principales detractores de la inversión y ahorita lo que se ha generado es una incertidumbre de que el sistema Judicial mexicano va a estar a prueba de tintes políticos, tintes partidarios de que no sea un sistema donde vaya a crecer la corrupción o los impartidores de justicia no tengan la experiencia necesaria para ser equitativos”, sostuvo Rubin.
Advierte daño a relación
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió este martes que, si no se hace bien la reforma al Poder Judicial, se puede dañar la relación con su país.
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Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que, de veras, quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir, es que hay muchísima preocupación”, indicó el diplomático.
Embajador Ken Salazar advierte daño a relación México-EU por reforma al Poder Judicial
Fracturada Suprema Corte
La reforma judicial impulsada por la 4T provocó también una crisis pública sin precedente en la Suprema Corte; la partió en dos.
El pleno de la Corte se reunió ayer para votar su posición ante el paro de trabajadores del Supremo Tribunal y ocho ministros se manifestaron por el apoyo y tres en contra.
Tras esa decisión, las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz advirtieron en un comunicado que parar labores en la Corte es inconstitucional, y sus colegas podrían ser sujetos de juicio político, pues incurren en probables delitos al mantener sus remuneraciones durante la suspensión.
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