Ciudad de México.- Dos jueces federales consiguieron una suspensión contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno y el oficialismo como parte del llamado “Plan C”.

Uno de los casos se dio en Morelos y otro en Chiapas, y su efecto obliga a la Comisión de Puntos Constitucionales a no entregar el dictamen de la reforma judicial al pleno de la Cámara de Diputados, además de que debe informar sobre el cumplimiento de la disposición judicial que, en general, implica suspender el proceso de reforma.

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… Implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva Legislatura”, dice la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.

Las dos suspensiones son inéditas, como la propia reforma y el movimiento de trabajadores y juzgadores del Poder Judicial. 

En el caso de Morelos, la jueza Martha Eugenia Magaña López se excusó por ser directamente afectada pero, como parte del procedimiento, dictó la suspensión.

Esas decisiones implican que el asunto deba resolverse por un tribunal colegiado, cuya decisión será compleja en tanto los magistrados también son interesados en el asunto.

En el caso de Chiapas, el asunto fue resuelto por el juez Felipe V. Consuelo, quien se pronunció en sentido similar a su colega de Morelos.

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Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados”, resolvió el juez, y fijó para el 6 de septiembre la audiencia incidental.

También ordenó girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.

Tras las suspensiones relacionadas con la reforma, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridad.

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Esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia para ella”, dijo en un video.

Monreal calificó de absurdo, grotesco e ignorante la disposición de suspender mediante amparo actos de otro poder.

Juez frena la discusión y votación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados

Pisan acelerador  reformas de 4T

La Cámara de Diputados iniciará la 66 Legislatura con 17 dictámenes listos para aprobar las últimas prioridades legislativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Se trata de las reformas constitucionales enviadas por el Mandatario federal el 5 de febrero pasado y que, gracias a una prórroga, pudieron ser dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales antes de que concluya la actual Legislatura, que llega a su fin este domingo. 

Esto, como parte de una estrategia que permitirá a la nueva Legislatura entrar a la discusión de las reformas de forma directa, sin necesidad de esperar la integración de Comisiones. 

La reforma judicial es la primera que la mayoría buscará aprobar, como un “regalo” a López Obrador antes de que concluya su sexenio, tal como convocó el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

Morena y sus aliados cuentan con mayoría calificada en San Lázaro, por lo que se espera que las reformas constitucionales sean aprobadas.

Se prevé que hoy, después de la sesión de instalación de Congreso General, en la que se recibirá el último Informe de Gobierno de esta Administración, la Mesa Directiva le dé publicidad al dictamen que, entre otras cosas, plantea como irreductibles la elección directa de jueces, magistrados y ministros y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para investigar y sancionar a juzgadores y un órgano de administración judicial. 

Con ello iniciará de manera formal el proceso legislativo de la reforma, que subirá al pleno para su discusión el día de mañana. De acuerdo con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el debate podría extenderse hasta el próximo jueves. 

El objetivo de su bancada y aliados es aprobar en esta semana, para remitirla al Senado.

En la Cámara alta, en donde la mayoría de la 4T está a un legislador de la mayoría calificada, buscarán avalar la reforma en la primera quincena de septiembre y una vez concluido el proceso en el Congreso de la Unión, deberá ser aprobada por 17 Legislaturas locales para su publicación y entrada en vigor. 

Monreal indicó que en el mes de septiembre prevén procesar tres reformas constitucionales de López Obrador y que Claudia Sheinbaum hizo suyas como Presidenta electa.

Se trata, además de la Judicial, de la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Sedena y la que amplía el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

La primera, modifica 12 artículos constitucionales para establecer que la Guardia Nacional será de origen militar, pero con formación policial. 

Además, le otorga a la corporación la facultad de investigar delitos, bajo la conducción del Ministerio Público y señala que dicha institución deberá ejecutar la Estrategia de Seguridad Pública, la cuál será formulada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

La segunda, modifica el artículo 2 de la Constitución, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

De acuerdo con Monreal, para las 14 reformas que quedarían pendientes, Morena y sus aliados propondrán a la Junta de Coordinación Política, que él presidirá por los próximos tres años, un calendario para su discusión en el pleno. 

Los dictámenes de 17 de las 18 reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador ya fueron turnados el jueves pasado a la Mesa Directiva de la Legislatura que inicia este domingo. 

La única que no fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales fue la electoral. 

El 27 de agosto pasado, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidió a los diputados de su partido una mayor reflexión y análisis de la reforma que, entre otras cosas, propone la eliminación del INE y que sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la cual absorbería también las funciones de los organismos electorales locales, así como reducir de 11 a 7 el número de consejeros electorales, disminuir de 9 a 6 años sus periodos y que tanto magistrados como consejeros electorales sean electos por voto directo. 

El coordinador de Morena indicó que esto no significa que la mayoría vaya a desechar la propuesta, pero sí buscará “completarla” y a esperar “un mejor momento” para procesarla.

A las reformas que ya fueron turnadas a la Mesa Directiva podrían sumarse las prioridades que en junio pasado planteó Sheinbaum a los entonces legisladores electos.

La Presidenta electa puso sobre la mesa seis prioridades, cuatro de ellas derivadas de sus compromisos de campaña.

Entre ellas, el apoyo a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, las becas universales para estudiantes de educación básica, cambios a la Ley del ISSSTE y la no reelección.

Otras prioridades delineadas por la Presidenta electa fueron el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y la reforma judicial.

El proceso

El debate por la reforma judicial podría extenderse hasta el próximo jueves. 

Morena y aliados buscarán aprobarla en esta semana, para remitirla al Senado.

En la Cámara alta buscarán avalar la reforma en la primera quincena de septiembre.

Luego deberá ser aprobada por 17 Legislaturas locales para su publicación y entrada en vigor.

Con información de Proceso y Agencia Reforma