Los Órganos Reguladores

Con el advenimiento del Tercer Milenio, vinieron aparejadas algunas sorpresas en el plano político de este país. Una de ellas, fue la llegada al poder de un presidente de la república postulado por un Instituto Político diferente al partido que había mantenido la hegemonía en el poder por más de seis décadas desde 1929 hasta 2000. Después de esa simbólica fecha, para el gremio de los astrólogos y de otros estudiosos de la escatología. En México, la economía de mercado se fortalece y extiende sus “tentáculos” entre la sociedad, mientras la participación del sector público se ve menguada. Los instrumentos de control que ha utilizado el mercado a lo largo de la historia reciente se han ido perfeccionando, adecuándose a los cambios tecnológicos, sociales y políticos. Uno de estas herramientas, sin lugar a dudas han sido los órganos autónomos, que comienzan a formarse en el país con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC)  en 1993. Más por una exigencia del exterior que de un planteamiento nacional. Varios de ellos, fueron creados a imagen  de los que manejan otros países con democracias más antiguas y maduras que la mexicana. Se dijo que su formación se justificaba porque serían atalayas y contrapesos de los tres poderes tradicionales del Estado. Por lo que requerían autonomía orgánica, técnica y funcional, serían capaces de regularse por sí mismos. No obstante, si dependerían del erario para su sostenimiento financiero. Y, sus integrantes se designarían por el ejecutivo federal y el Senado de la Republica. Entre los más antiguos y probados en el mundo capitalista aparecen los bancos centrales, y aquellas oficinas o Institutos encargados de llevar el control estadístico de las principales variables que registran el crecimiento y comportamiento de la sociedad a través del tiempo. En el caso mexicano, las políticas monetarias, como tasas de interés, reservas internacionales y agregados monetarios, entre otras, el gobierno ya no tendrá injerencia, será el Banco de México el responsable de manejarlas. Mientras que el INEGI, que sustituyó a la Secretaría de la Presidencia, tomará el “pulso” del crecimiento económico, demográfico y social de la nación, mediante censos y encuestas en la población.

Siete en la mira de la Cámara de Diputados

A la fecha, aún sobreviven en la esfera nacional los siguientes órganos autónomos: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), La Comisión Reguladora de Energía (CRE), La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y El Instituto Nacional de Transparencia (Inai). Al parecer los siete tienen sus días  contados, a menos que suceda algún cambio estructural inesperado, que altere el derrotero de la política cameral. Porque apenas el 22 de agosto del presente la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en una votación cerrada determinó su desaparición. Una vez cubierto y agotado ese primer paso en el proceso legislativo, el dictamen pasará al pleno el próximo septiembre para su discusión y probable aprobación. Los diputados que estuvieron a favor de la extinción justificaron su voto desde dos perspectivas: la social y la financiera. Los consideraron como entes de mercado al servicio de la oligarquía, que usurparon funciones exclusivas del Estado, en menos cabo de los intereses de la población, Y, la financiera porque han significado para el gobierno mantenerlos, un gasto de más de 32 mil millones de pesos, recursos que según ellos, representaron un despilfarro de recursos públicos. Las funciones que desempeñaba cada uno de los siete, serán reasignadas, según su naturaleza, a las Secretarías de la Función Pública, Comunicaciones y Transporte, Energía, y Economía.

El reverso de la moneda, voces discordantes

El bloque de diputados opositor, y que votaron en contra de la decisión también externaron su sentir. Uno de ellos dijo: “Dejaría sin herramientas a los ciudadanos para exigir cuentas y transparencia a sus gobiernos”; una diputada, señaló y criticó el argumento. “Salen caros al país y puso el ejemplo de las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales suman más de 250 mil millones de pesos en lo que va del año”. Otro legislador   cuestionó, y a su vez señaló “Sin el Inai, el gobierno decide qué información te entrega. Si presentas una queja en la Secretaría de la Función Pública, ¿tomarán decisiones que van en contra de su propio jefe?”. Otra voz discordante, aseguró que “México está a una calle de ser Venezuela”.

El grupo Oaxaca

Un grupo de periodistas de la capital del país y de Monterrey, así como algunos académicos de universidades afincadas en la ciudad de México, se congregaron en la ciudad de Oaxaca en 2001; los unía un solo tema: el acceso expedito a la información del sector público. Por su profesión les interesaba conocerla,  analizarla y divulgarla. La fuente informativa, que cubrió ese evento fue la que preside la estadunidense Ginger Thompson, que  había ganado el premio Pulitzer recientemente. Es probable que les haya comentado a los asistentes al seminario, sobre la Freedom of Information Act, que obliga al Gobierno americano a proporcionar información a quien lo solicite. Meses después en México, se aprobaba la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental, y en 2003 se organizaba el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por otra parte, en cada entidad federativa existe un Instituto, en Coahuila se le conoce como Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (Icai). El cual no recibió ninguna solicitud de algún periodista interesado en conocer el destino de la mega deuda de la entidad. ¡O quizá sí lo hicieron varios, pero el instituto guardó institucional silencio!