Piedras Negras, Coah.- El Gobernador de Texas, Greg Abbott, reiteró que espera que un tribunal de apelaciones del Quinto Circuito confirme a Texas su derecho a utilizar la barrera de boyas que instaló en el río Bravo, a la altura de Eagle Pass, para evitar el paso de inmigrantes, mientras que insistió en que cuando tenga el aval, expandirá la barrera más allá de esta región.

Abbott insistió que “son de las formas más efectivas de disuadir a los migrantes de intentar cruzar” de la Operación Estrella Solitaria, a la par de que su costo es “una décima parte” del de un muro fronterizo.

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Se puede esperar ver un aumento de las boyas en el río Grande”, dijo Abbott, pero agregó que está esperando “una decisión final del tribunal que tiene que hacer cumplir lo que ya les dijo que hicieran cumplir antes de hacer esa inversión”. 

En julio, todo el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos anuló una decisión anterior de un panel dividido del tribunal que se puso del lado de un juez de distrito federal, quien dictaminó que las boyas debían trasladarse bajo una orden judicial preliminar. 

El tribunal en pleno dijo que el tribunal abusó de su discreción al otorgar la orden judicial.

La demanda más amplia aún está en curso, donde la Administración Biden acusa a Texas de violar la Ley federal de Ríos y Puertos. 

En contraste, mientras la actividad fronteriza en esta región registra uno de sus puntos más bajos, ayer fue sentenciado a 12 años de prisión en el penal federal de Mesillas a José “N”, trailero que intentó traficar el año pasado a 64 indocumentados en su caja de carga y fue detenido en el filtro de revisión en el municipio de Allende.

Controversia legal desde 2023

Hace poco más de un año, Abbott gastó 850 mil dólares en una barrera de boyas de mil pies de extensión, que se anclarían en concreto a lo largo del río Bravo en las aguas entre Eagle Pass y Piedras Negras. 

Desde hace un año el Gobierno federal pidió a un tribunal revocarlas, mientras que el Gobierno texano apeló con recursos legales para garantizar su legalidad, la cual sigue siendo analizada a la fecha, incluso con cuestionamientos sobre si se encontraban en territorio estadunidense o sobre territorio coahuilense o de la frontera mexicana.