El viernes pasado fue sometido a dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados (paso previo a su votación en el pleno a partir del 1 de septiembre) una iniciativa presidencial de reforma política que, de un plumazo y con prisa, desaparece al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) -entre otros cinco órganos autónomos y reguladores descentralizados- para incorporarlo dentro de la Administración Pública Federal, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

Pero va más allá: el Poder Legislativo amplía sus facultades y borra también los organismos en la materia de los estados; en el caso que nos ocupa, al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

Sin sopesar aspectos técnicos relevantes como el control político de la información pública, la exposición de motivos se centra en el ahorro de recursos y la redistribución del gasto público al modificar el régimen jurídico del INAI. Ajá. Y con la aplanadora legislativa que asumirá Morena y aliados la próxima Legislatura que inicia el domingo, más los 23 congresos estatales donde tiene mayoría (14 simple y 9 absoluta), es casi un hecho su aprobación, a reserva de que una eventual controversia constitucional promovida por cualquiera de los 32 estados resuelva, en esa ruta, si la inminente acometida es legal, pues las entidades federativas son autónomas y se invade su esfera (aunque, en los tiempos que se viven, la legalidad es lo que menos importa ya).

Asimismo faltaría evaluar la reacción de los estados, pues habrá algunos que se sientan cómodos en dicho escenario y no hagan algo al respecto -como se presupone harán los 24 gobernados por Morena y aliados- y habrá otros en cambio, como las ocho entidades federativas restantes (incluida Coahuila), que simulen interés y legislen ipso facto para crear instituciones a modo, o simplemente sigan la dinámica y el espíritu de la reforma, alineando la estructura de sus institutos de acceso a la información a sus secretarías de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno estatal.

Sin embargo, en todos los casos la transparencia pierde. Se verá disminuida por la coyuntura, y con ella temas accesorios, como la protección de datos personales en una era particularmente compleja, con las tecnologías de la información invadiendo el espacio digital.

Es verdad que, a últimas fechas, los entes hacen todo lo posible por complicar el derecho y desalentar el uso de las herramientas de consulta, mediante tretas para negar la información como el argumento de la “inexistencia” o invocar “cuestiones de seguridad nacional”, además de artimañas como alentar la prórroga de plazos en función de calcular el calendario.

Aún así el sistema informático donde se concentra la información pública de oficio y la base de solicitudes es una plataforma que funciona y, consecuentemente, desaparecerá. Esa circunstancia dificultará por sí misma la interacción con cada ente público, al tener que realizarse por separado en un futuro, y descompondrá algo que no está descompuesto ni requiere reparación.

Particularmente ahora, cuando las solicitudes de información alcanzan una cifra récord en el plano federal. No es casualidad, desde luego.

La fiscalización inmediata del poder a través de los sujetos obligados, se verá disminuida, y el periodismo es un tercero afectado en esa ecuación, ya que infinidad de investigaciones han sido posibles gracias a las respuestas a las solicitudes.

El derecho al acceso a la información, si bien no desaparece, quedaría a expensas de la buena voluntad de las dependencias requeridas, al no existir ya un organismo autónomo capaz de emitir resoluciones para obligarles. En dicho contexto el autocontrol no garantiza nada.

Cortita y al pie

Cabe señalar que recién había sido reformada la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, al final de la Legislatura anterior, en agosto de 2023, a fin de reducir el número de comisionados integrantes del Consejo General, de cinco a tres (dos de los actuales terminan el 31 de octubre su periodo de siete años en el cargo), y articular el funcionamiento del ICAI en atmósferas adversas, como venía ocurriendo los últimos años. No obstante ni como intermediario ante los 179 sujetos obligados, ni como ente obligado directamente, se recurre al ICAI en la misma medida de antaño.

A comparación de 2016, año de su máximo esplendor, el número de solicitudes ha disminuido hasta 50%. Y no es que ya sepamos todo lo que no sabíamos, sino que simplemente se perdió el interés por los asuntos públicos (de por sí bajísimo y nunca consolidado como cultura).

A su vez hay una drástica disminución en los recursos de revisión recibidos. La cifra más baja de los últimos años. Y no sólo es la cantidad, sino la calidad. Permítame ser reduccionista: desde su creación, a finales de 2004, no hay un recurso de revisión trascendental en todo ese tiempo que haya sido materia de estudio y debate. No existe un expediente que se recuerde, en donde ICAI interceda a favor de un ciudadano para garantizarle obtener información demoledora que, de revelarse, pondría en jaque al sistema político de la entidad. Es verdad que todo inicia en el peticionario y que la institución depende de su participación activa, pero antes de la pandemia ya venía en picada y a partir de 2020 se descompuso.

Para dimensionar: ya no existen señalamientos del ICAI por incumplir obligaciones de transparencia, ni siquiera observaciones a los portales web que, aprovechando la coyuntura, bajaron la cortina de la información. Dicho de otra forma: poco a poco se vació de contenido entre formulismos y abrazando una actitud negacionista por sistema; en lugar de incentivar, desalienta la participación ciudadana.

La última y nos vamos

El asunto no son los 35 millones de pesos en promedio que anualmente recibe, sino su eficacia.