Por: JESÚS SILVA-HERZOG

El estilo autoritario está a punto de convertirse en régimen autoritario. Estamos entrando en momentos críticos para la historia política de México. Lo que fueron desplantes de arbitrariedad, provocaciones polarizantes, hostigamientos a cada una de las fuentes de autonomía se convertirá en sistema que constitucionalmente ejerce un poder sin límites. La última quincena de agosto y el mes de septiembre pueden ser los últimos días del régimen pluralista que, con todos sus defectos, se construyó en el país.

En agosto se definirá la composición del congreso federal. El oficialismo ha cerrado filas para apartarse de lo que fue la bandera democrática de la izquierda. Desde el poder olvida lo que exigía como oposición, hace apenas unos años. Antes pedía que la representación parlamentaria fuera el espejo más fiel de lo votado. Hoy ordena a los órganos electorales una distorsión que le permitiría a una fuerza política hacer con la constitución lo que le venga en gana. Contra los propósitos de la ley, quieren licencia para reescribir el texto constitucional sin tomarse la molestia de negociar. Convertir al gobierno en propietario de la constitución. Esa es la implicación de la mayoría calificada al oficialismo: ¿qué dice la ley máxima? Lo que diga la presidencia. Si la constitución le desagrada al oficialismo no habrá problema. En un dos por tres se cambiará para darle gusto al poder.

El debate de la representación, sin duda, tiene su complejidad. El oficialismo tiene de su lado a una constitución confusa. No es clara la regla que moldea la representación proporcional. Desde hace años ha habido un debate intenso sobre su lectura y se ha pedido una reforma para dar claridad a la regla. Las contradicciones dentro del texto exigen una interpretación razonable. El oficialismo se aferra a una lectura literal que premia el fraude a la constitución y que nulificaría en los hechos el propósito mismo de la proporcionalidad. Por eso tienen razón quienes defienden una lectura integral de la constitución que tome en consideración la historia de la disposición, su propósito y su impacto en el cuidado de los derechos políticos de las minorías. Los órganos electorales deben buscar que, con los límites que marca la ley, el congreso iguale el color de la votación de junio. El hecho es que un pequeñísimo grupo de consejeros, primero y de jueces, después, tomará la decisión más delicada en la historia de esas instituciones. ¿Permitirá que la constitución sea escriturada a nombre del oficialismo?

Septiembre se anuncia como el mes del golpe definitivo al pluralismo. El “golpe de septiembre” lo ha llamado acertadamente Roger Bartra. Las reformas las plancha con extrema premura el congreso saliente para que la legislatura entrante esté en condiciones de darle como obsequio al presidente López Obrador el cadáver de la Suprema Corte. Esos son los términos que ha impuesto para su despedida. El festival del adiós debe culminar con la entrega solemne del poder que lo obstruyó. La suprema corte podrá conservar el nombre, pero dejará de ser un tribunal constitucional. Dejará de ser un árbitro capaz de defender la constitución de quienes la atropellan, aún si se visten con el traje de la mayoría. El poder judicial tendrá jueces, pero serán, en realidad, diputados con la vista puesta en la opinión pública y en los repartidores de beneficios políticos.

La nueva lógica de la judicatura se anuncia desde ahora con invitaciones perversas. A lo ministros se les convoca a retirarse cuanto antes para dejar el espacio libre. Jubílense ahora y obtendrán recompensas. Les conviene. Depongan la crítica e incorpórense al nuevo régimen. Si resisten, serán aplastados. Bienvenidos a la democracia judicial.

El regalo de despedida asentaría constitucionalmente un régimen autoritario. Un régimen que permitiría el ejercicio de un poder sin límites institucionales sólidos y confiables. Un régimen en el que la mayoría tendría el camino abierto para imponer su voluntad por encima de cualquier derecho y sin el deber de seguir procedimiento alguno. El pluralismo democrático mexicano tiene los días contados. En agosto y septiembre de 2024 pueden darse los golpes definitivos de la fundación autocrática.