El tema de legitimidad es una cuestión singular; es complejo conocer la aportación de este término al funcionamiento de las instituciones, que en principio cuentan con los elementos para funcionar y obtener obediencia por procedimientos jurídicos.

La idea de la legitimidad se utiliza en el Derecho, en la política y en la filosofía para definir la cualidad de ser, de acuerdo con un mandato legal.

La cuestión de legitimidad siempre está presente en los debates de la sociedad, en los medios de comunicación y en la socialización cotidiana donde es recurrente escuchar comentarios como: “puede ser legal, pero no es legítimo”.

Destacados autores como Hobbes, Rousseau y Kant han construido los principios de legitimidad de los estados modernos; ignorar ese legado sería dedicar de nuevo un largo tiempo para alcanzar el significado que la humanidad conoce. Hay aportaciones ideológicas pasadas que constituyen un patrimonio irrenunciable para atender y resolver el presente, su orden social en conjunto y que son razones que sostienen el orden de las instituciones.

La Constitución, como ley suprema, contiene los principios y objetivos de la nación, la forma de organización jurídica y política, los órganos de autoridad, sus facultades, sus limitaciones y los derechos de las personas con sus respectivas vías para hacerlos efectivos. Las reformas constitucionales modifican el contenido de la ley suprema a través de los procedimientos especiales que define la misma Constitución.

En el mundo existen distintos sistemas jurídicos: el neorromanista, el “common law”, el religioso, el socialista y el sistema mixto o híbrido. México, por sus raíces históricas, pertenece al sistema neorromanista, donde el sello es el principio de legalidad. La legalidad como principio refiere que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente.

Las personas representantes de los distintos poderes del Estado tienen una gran responsabilidad social con efectos y consecuencias trascendentales de sus decisiones; en las manos de nuestros legisladores, están los argumentos para cambiar o defender la naturaleza de las instituciones y su debido funcionamiento.

El desarrollo de las facultades metaconstitucionales, aquellas que emanan por el hecho de que el titular del Ejecutivo sea el líder del partido político hegemónico, está ligado al desarrollo histórico de nación desde su nacimiento hasta la vida independiente con escasas excepciones. México ha tenido un sistema de Gobierno presidencialista.

Los temas sobre legitimidad, la dimensión de la voluntad, la razón, la parte orgánica del Estado, el constitucionalismo garantista y la igualdad de género son la agenda de los debates y los acuerdos de nuestros legisladores. Especial agenda corresponde a la democracia; son nuestros diputados y senadores, representantes de la sociedad y de las entidades federativas, respectivamente y en ambos casos son elegidos para decidir en el sistema bicameral.

Es importante socializar la agenda de reformas con la participación de las personas representadas para construir el proyecto de nación ad hoc a las expectativas de México y su gente; hacer valer el principio de representación elevando el criterio de las decisiones con las ventajas de las nuevas ideas, los acuerdos y los mejores cambios para México y la riqueza de sus instituciones.