Al Gobernador de Durango, Esteban Villegas, le creció la bronca del Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID), el megaproyecto para convertir a la capital de los alacranes en un nodo del “nearshoring”. A Esteban se le hizo fácil expropiar las 200 hectáreas que el Gobierno de su antecesor, José Rosas Aispuro, entregó a dos empresas para que desarrollaran hospedaje industrial. Eso ocurrió en febrero pasado, bajo el argumento de que las dos empresas incumplieron las condiciones para la entrega de los terrenos, porque según el Gobernador no habían construido nada. Las empresas acusaron una arbitrariedad y ya obtuvieron un amparo, pero el Gobierno dice que quieren abusar de los duranguenses. Con lo que no contaba el Gobernador era que los dueños de las empresas afectadas (Caxxor y Duran Park) tienen palancas en la 4T. Dicen las hormigas que ya consiguieron que en su pasada visita a Durango, el presidente López Obrador le dijera a Esteban que arreglara ese asunto a satisfacción de todos, pero como el Gobernador no entendió el mensaje, los empresarios empezaron una andanada en medios de la capital para desinflar la imagen que el Gobierno estatal quiere proyectar cuando dicen que Durango es un estado seguro para las inversiones. Pues no tanto.

Y es que el Gobierno de Esteban Villegas no tenía buena fama de ser uno que protegiera a las empresas que le apuestan a invertir en Durango. En Gómez Palacio, el Gobierno estatal sigue haciéndose pato ante los reclamos de la empresa de químicos Draslovka, que no puede terminar de desmantelar los fierros de la fallida planta que Chemours intentó instalar en Dinamita, pero no pudo hacerlo por la oposición de ejidatarios manipulados por empresarios locales. Aun cuando la bronca venía de tiempos de Rosas Aispuro, y cuando ya ni siquiera se va a instalar la fábrica, el Gobierno de Esteban sigue con miedo a enfrentar a los grupos de campesinos y activistas que mantienen plantón en los accesos a la planta, a pesar de ser propiedad privada. Así, ya le tomaron la medida a Esteban.

Ya encarrerados con ese tema recordemos también lo de la reciente huelga en Linamar, cuando los trabajadores sindicalizados exigieron un nuevo contrato colectivo, aumento salarial y reconocimiento a su base con mando del sindicato minero de don Napoleón Gómez Urrutia.

Bueno, pues tampoco en ese tema (aunque tuvo desenlace favorable para los trabajadores) hubo mucha intervención de parte del Gobierno del Estado de Durango, mismo que optó por hacer mutis y dejar que “las cosas fluyeran”.

Sin duda señales de atención para la Iniciativa Privada nacional y extranjera que busca condiciones de legalidad, estado de derecho y estabilidad mínimas para operar en territorio nacional.