Es difícil tenerle confianza al actual Tribunal Electoral. En julio de 2023 se negó a detener las campañas anticipadas a las que el presidente López Obrador lanzó a sus “corcholatas”. Cuando se quedó con sólo cinco magistrados, tres de sus ministros realizaron un golpe interno para remover a su presidente, Reyes Mondragón, e imponer a una presidenta más proclive al Gobierno, Mónica Soto Fregoso. Rechazó por unanimidad la suspensión provisional del juez Rodrigo de la Peza para designar a dos nuevos magistrados ante la negativa del Senado a hacerlo (decisión que me parece jurídicamente correcta), pero arremetió contra el juez con una denuncia penal con propósitos políticos.

Esta vengativa denuncia se unía al juicio político promovido por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. El presidente López Obrador daba la pauta: “Todo es un plan con maña, porque los dos (magistrados) que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el tribunal y entonces el tribunal podría cancelar la elección”. Ratificaba así que la negativa del Senado a nombrar a los magistrados faltantes es un “plan con maña” para que el tribunal quede dominado por una mayoría favorable al Gobierno. Este será el tribunal que tendrá a su cargo la resolución más importante de la historia: la sobrerrepresentacion en el Congreso que le permitiría a Morena cambiar la Constitución sin atender los derechos de las minorías.

La reforma electoral de 1996 estableció en la Constitución que “ningún partido podrá contar con más de 300 diputados” y “en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. El propósito era evitar el regreso a los tiempos en que un partido hegemónico, el PRI, gozaba de una mayoría calificada en el Congreso y podía enmendar la Constitución sin negociar con la oposición.

AMLO ha encontrado el “plan con maña” que le permite desconocer esta norma constitucional: utilizar a varios partidos, pese a que representan una sola fuerza. Por ejemplo, el hoy diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, será ahora senador por Morena. Los partidos del Gobierno son intercambiables, pero se dicen autónomos para lo que conviene al líder.

El Tribunal Electoral decidirá si permite al Gobierno tener más de 300 diputados y una sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales sobre su resultado electoral. La definición jurídica crucial es si el límite para los partidos debe aplicarse también a una coalición. El Artículo 54 constitucional sólo habla de partidos, por lo que una interpretación literal permitiría a la alianza oficialista tener esa sobrerrepresentación y más de 300 diputados. Pero hay precedentes jurídicos en contrario.

En 1998 la entonces ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, redactó una ponencia que defendía una acción de inconstitucionalidad promovida por el PRD encabezado entonces por López Obrador: “El análisis de las disposiciones que se impugnen debe hacerse atendiendo no solo al texto literal, sino también al contexto de la propia norma, a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela”. La ponencia, aprobada por unanimidad, es hoy tesis de jurisprudencia. Ante ella, el Tribunal Electoral tendría que tutelar el valor del “pluralismo político” e impedir que Morena y sus satélites tengan más de 300 diputados. La pregunta es si tendrá el valor de hacerlo.

Tirador

Insistió ayer AMLO que se procese al “segundo tirador”. No se refería a un segundo tirador en el atentado contra Trump, sino en el asesinato de Colosio hace 30 años. Las pruebas periciales han comprobado que sólo hubo un tirador. José Antonio Sánchez Ortega no se encontraba cerca del candidato y no pudo haber disparado. Pero el Presidente no ha leído el expediente.