Saltillo.- Defender la independencia de la institución, salvaguardar los Derechos Humanos de la población, otorgar justicia imparcial, fomentar la carrera judicial basada en el esfuerzo y no en las conveniencias: todo está en riesgo con la Reforma Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Saltillo, en Coahuila y a nivel nacional, celebraron el Día de la Abogacía con un pronunciamiento en donde condenaron lo dicho por el presidente: no todos los jueces son corruptos, y la mayoría provienen de familias trabajadoras.

Así lo dijo la magistrada Ana Luisa Beltrán González, del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, quien pidió el cese de los insultos por parte del ejecutivo.

“ Es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos, no existe un solo estudio que así lo demuestre, ni siquiera una muestra representativa; es falso que representemos a élites: la mayoría de nosotros provenimos de clase baja o media, nos debemos al esfuerzo de nuestros padres y nosotros mismos, y orgullosamente somos producto, la mayoría de nosotros, de la educación pública”, expresó.

Dijo que la división de poderes y la carrera judicial son pilares fundamental para una justicia eficaz, equitativa y libre, por lo que reprueban la designación de juzgadores por voto popular, por el riesgo de estar sometidos a grupos que ejerzan poder político o económico sobre ellos.

“ En la vida de las personas y de las naciones, hay momentos cruciales, momentos determinantes que marcan el futuro, y ahorita en nuestro país, estamos ante un momento crucial en la vida y la historia judicial en México”, afirmó.

Por su parte, Miguel Ángel Luna, titular del Juzgado Primero de Distrito, dijo que para poner en marcha la Reforma, tal como está redactada, implicaría paralizar al sistema de justicia durante un tiempo, lo cual resultaría catastrófico.

“ Por un lado cesar a todos los titulares, desde ministros hasta jueces, de un golpe, como viene redactada la reforma, nos preocupa porque significaría paralizar todo el aparato de justicia de golpe, no sabemos, aparte de los costos económicos, la ralentización del servicio de justicia, eso es algo que nos tiene muy preocupados”, subrayó.

Además, por supuesto, del cambio a la elección popular, lo cual comprometería a los actores que deberían impartir la justicia con imparcialidad.