Parece que la batalla por los fondos de las Afores va a ser larga, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un frente legal que se mantiene abierto entre la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar y las personas que consideran que se ven afectados sus ahorros para la jubilación, ahora en control del Gobierno de la 4T.

Recientemente, este 8 de julio, un juez otorgó el primer amparo en beneficio de una persona jubilada que reclamó sus recursos de Afore. Fue el despacho Trusan & Roma, que encabezan Víctor Isael Damián Cuéllar y Rodolfo Martínez; quien dio a conocer la orden.

De acuerdo con el documento publicado en X, antes conocida como Twitter, el juez concedió la suspensión provisional al quejoso para el efecto de que no aplique la reforma para la creación del fondo de pensiones.

Y aunque en el papel este fallo judicial no es más que una victoria para un solo jubilado, ya establece un precedente en la batalla legal que se avecina contra el fondo, y que puede significar miles de reveses, y con ello cientos de millones perdidos para el plan del inquilino de Palacio.

La resolución ocurre a una semana de que entrara en operación dicho fondo, con un total de 32 mil millones de pesos y con el compromiso del Gobierno de que incrementaría en días a 44 mil 894 millones.

Según los datos del Gobierno, los recursos iniciales del fondo provienen en 59% de las Afores, 27% del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND), y 14% del Infonavit.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió dicho trámite y el proyecto de sentencia estará a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Requerirá al menos 8 votos de los 11 ministros que integran la SCJN y se prevé que sea un debate acalorado entre las implicaciones individuales y el impacto como política social de esta iniciativa que busca compensar la reforma de 1997 sobre pensiones.

Para la Corte, este es un asunto de gran premura, ya que, como se ha mencionado, la ministra presidenta, Norma Piña, busca una resolución antes de que el Ejecutivo proponga al reemplazo del ministro Luis María Aguilar, quien se jubila en diciembre. Esto ocurre en medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial.

FEMSA HIZO UNA recompra parcial de deuda por un valor de 206.7 millones de dólares con vencimiento en 2050, es un movimiento estratégico notable. Realizada el 20 de junio, esta operación refleja una gestión financiera prudente y proactiva, posiblemente orientada a mejorar su perfil de deuda y reducir costos a largo plazo. Este tipo de acciones puede fortalecer la posición financiera de la compañía dirigida por José Antonio Fernández Carbajal, ofreciendo mayor flexibilidad en un entorno económico global incierto.

EL GOBIERNO MEXICANO admitió la solicitud del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el T-MEC, presentada por Estados Unidos el 24 de junio contra Industrias Tecnos, conocida como Águila Ammunition, en Cuernavaca. Esta empresa es acusada de negar a sus trabajadores los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. Marath Baruch Bolaños López y su equipo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene 45 días desde la recepción de la solicitud para investigar estas alegaciones. Esta acción subraya el compromiso de ambos países con el cumplimiento de los estándares laborales establecidos en el tratado.

LA SECRETARÍA DE Economía del Estado de Puebla, encabezada por Ermilo Barrera Novelo, sigue compitiendo con otros estados para atraer inversiones en el sector automotriz, especialmente la planta BYD para fabricar unidades eléctricas. De acuerdo con la secretaría poblana, el estado tiene las condiciones adecuadas para nuevos proyectos de electromovilidad. Esta posible inversión se sumaría a los recientes anuncios de Audi y Volkswagen, colocando a la zona camotera como un hub para la industria automotriz.

LAS SOCIEDADES FINANCIERAS de Objeto Múltiple (Sofomes) buscan mayor formalidad y seguridad en sus créditos mediante garantías fiduciarias. De las 218 instituciones aglutinadas en la Asofom, presidida por Emanuel González Zambrano, aproximadamente el 10% utiliza esta figura. Entre sus esfuerzos destacan un proyecto de ley propio y propuestas de autorregulación, incluyendo la creación de fideicomisos. Esta figura jurídica permite a las Sofomes ofrecer mayores garantías a inversionistas, especialmente tras situaciones de insolvencia que afectaron a algunas entidades, fortaleciendo así la confianza en el sector financiero.