Dice una atinada máxima que la sabiduría consiste en saber distinguir aquello que podemos cambiar, de aquello en lo que sólo nos toca reconocer y asumir su existencia. Así existen procesos políticos que sirven para construir decisiones y que, en ese sentido, admiten una mirada abierta y dispuesta al diálogo. Por otra parte, existen hechos que sólo dan lugar a su reconocimiento y sólo a partir de ahí, se puede interactuar con ellos para buscar que sus consecuencias sean más benéficas que destructivas, calificaciones que siempre se justifican bajo la mirada de quien las sostiene.

Un primer hecho a reconocer son las elecciones del 2 de junio. En ellas, la opción encabezada por Morena triunfó arrolladoramente. Una parte de ese triunfo implicó la participación informada, consciente y deliberada de muchísimos votantes, otra no fue equitativa y obtuvo ganancia política de la manipulación de la pobreza. Hoy por hoy existe una nula posibilidad de que los resultados de esa elección sean revertidos o anulados. En ese tenor, es a partir de su reconocimiento que debemos y podemos hacer política. Conforme pase el tiempo podremos ir acomodando razones e informaciones que nos permitan hacer un análisis ponderado de dichas elecciones y en tal virtud, reconstruir un sistema de partidos que hoy por hoy está a la deriva. Yo no creo en la fatalidad de la restauración de un partido dominante que necesariamente implique el regreso de un sistema de partido hegemónico. Obviamente, la fuerza de Morena es proporcional a la debilidad de los partidos de oposición que se le enfrentaron, pero México ya sabe que una opción política no es para siempre y que tarde que temprano puede haber una alternancia. De esto depende que quienes ahora gobiernan, no se ensoberbezcan en el ejercicio del poder ante el riesgo de perderlo.

Un segundo hecho a reconocer es la inminencia de una reforma judicial. Nadie se debe sorprender que así sea, en honor a la verdad este tema fue parte de la campaña. López Obrador promovió la iniciativa de una reforma en donde se modificara el sistema de designación de los funcionarios judiciales. Durante la campaña, este fue un tópico que se debatió entre los representantes de los partidos. A decir verdad, la posición en tales debates es que esta iniciativa debía estar abierta a una reflexión y discusión por su hondo calado. Sin embargo, López Obrador optó por hacer valer su peso específico en el resultado de la elección y con ello, obligar a los emanados de su movimiento político a sostener la reforma en los términos originalmente planteados. Ante dicha eventualidad, los mercados expresaron un nerviosismo notable por diversas razones.

En primer lugar, el desmontar un sistema de garantías razonablemente profesionales para resolver controversias, da lugar a un contexto de incertidumbre. Esto es grave, porque enrarece la capacidad de los inversionistas y de los emprendedores para poder prever en el corto, mediano y largo plazo las consecuencias de sus esfuerzos. La incertidumbre en relación con las condiciones y riesgos que puede sufrir una inversión o un emprendimiento, llevan a que se busque opciones distintas, donde haya seguridad, o bien, se encarezcan los proyectos en razón de la de la percepción de estar sometidos a un riesgo importante de arbitrariedad, hacen que se busque anticipar sus mayores rendimientos en el corto plazo.

En segundo lugar, se quiere discernir hasta donde el presidente López Obrador va a influir en los actos del próximo gobierno. La idea de un maximato está presente en la preocupación de muchas personas, si el Presidente que rechazó la reelección decide que tiene el derecho a gobernar bajo la mesa, se percibe que el Gobierno estará sometido a los caprichos de quien no está obligado por la responsabilidad política.

En tercer lugar, las gentes quieren ir conociendo cuál será el estilo personal de gobernar de la próxima Presidenta y si éste se distinguirá de liderazgo carismático de su predecesor para estar mucho más orientado en criterios técnicos. De ahí que este tema sea propicio para contemplar la diferencia entre dos visiones de gobierno construida sobre una percepción de cierta continuidad. Si las decisiones las adopta el actual Presidente, pero sus consecuencias las sufre la próxima Presidenta se puede generar un conflicto cuyas consecuencias no son del todo anticipables.

México ya vivió un proceso similar. Recordemos la nacionalización bancaria de 1982. En ese proceso político, López Portillo aplicó medidas para castigar a sus detractores, pero la consecuencia de tales actos fue asumida por el siguiente gobierno de Miguel de la Madrid. El presidente López Obrador puede heredar al próximo gobierno una carga tan maldita como contraproducente como la de 1982, y será labor de dicho gobierno atemperar y reconducir los costes de estos arranques.

Hoy por hoy, el debate de la reforma de ninguna manera está procesando la complejidad que implica la implementación de la misma. La destrucción de un capital humano, formado por incesantes cursos y exámenes de oposición y que garantiza tanto la imparcialidad, como la pericia de los juzgadores, es un acto que profundamente injusto e irracional.

Es obvio que como en toda institución humana, hay jueces y magistrados corruptos, en justicia, hay que decir que son una pequeñísima minoría. La gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial Federal, son gente valiosa trabajadora y con una enorme vocación social de servicio. Paradójicamente algunos exministros hoy militan en Morena. Lo que puede evidenciar una tendencia de una parte de los funcionarios judiciales que apoyan visiones social demócratas, como las que enarbola ese movimiento político.

En este sentido, habremos de recordar que nadie es profeta en su tierra.