Ciudad de México.- Más de 30 organizaciones ambientales han alertado a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre “graves e irreversibles impactos” en ecosistemas y comunidades en la zona del Golfo de California si continúan adelante los proyectos de infraestructura para gas fósil, como la terminal que se planea en Puerto Libertad, en Sonora, alentados por el actual gobierno federal.

Estos proyectos, además de presentar irregularidades en el proceso de obtención de los permisos, estarían pasando por alto las consideraciones en emisiones de gases de efecto invernadero, así como afectaciones ambientales y sociales, advierten.

“ Las necesidades reales del país se orientan hacia acelerar la transición energética justa a energías limpias, disminuir la dependencia energética de los hidrocarburos y apoyar la técnica y la ciencia de México para la implementación de alternativas sustentables en materia de energía”, dice una carta entregada en la oficina de transición.

En esta carta, que también va dirigida a la próxima secretaria de Medio Ambiente del gabinete de Sheinbaum, Alicia Bárcena, las organizaciones señalan que hay una proliferación de proyectos de la industria de gas en esa región, particularmente terminales de licuefacción para exportación de gas fósil a Asia con la anuencia del actual gobierno federal.

Esta política “representa un grave retroceso en los compromisos ambientales y climáticos de México y ponen en riesgo nuestro papel en la crisis climática global”, señalan.

Originalmente, las organizaciones habían enviado una primera comunicación a Sheinbaum en su calidad de candidata presidencial en abril pasado, misma que también dirigieron a la entonces candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, y al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sobre este tema.

En ella, advertían que, a partir del incremento de la producción de gas por Estados Unidos, México se convierte en “una desafortunada oportunidad” para que ese país consolide sus planes de exportación, principalmente del gas natural licuado, al mercado global, a través de rutas que involucran al Golfo de California, Baja California y Sonora.

“ Entonces, vale la pena reiterar lo que sucede con la Terminal GNL de Sonora, una planta para la licuefacción de gas que ha recibido autorización para su construcción y operación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y cuya proyección es recibir el energético fósil en estado gaseoso proveniente de Texas”, utilizado para ello el Sistema de Transporte de Gas Natural Sierra Madre (Frontera-Puerto Libertad).

Este sistema es en realidad un gasoducto de más 800 kilómetros de longitud, autorizado también por ASEA.

Citaron que, según estimaciones científicas, las emisiones indirectas anuales de gas de efecto invernadero (GEI) causadas por este gasoducto serían de 56.8 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.

También mencionaron que el gobernador de Sonora, Arturo Durazo, anunció recientemente la construcción de una segunda planta de licuefacción en Guaymas.

Su operación “agravará el tema de las emisiones y sumará otro proyecto al peligro de industrializar las costas del Golfo de California”, además de que hasta la fecha no existe registro de Manifestación de impacto ambiental para dicha terminal, precisaron.

La organización EsGasFósil expuso que, en el 2006, el proyecto inicialmente denominado “Terminal GNL de Sonora” obtuvo la autorización de impacto ambiental por parte de la ASEA, pero para la construcción de una planta de regasificación, en donde se recibirían buques con gas natural licuado para su posterior transportación a Estados Unidos.

Pero en 2017, la propiedad del proyecto, que era de Sonora, S. de R.L. de C.V. pasó a manos de la empresa México Pacific Land Holdings, S. de R.L. de C.V. y un año después, la propia ASEA autorizó el cambio de una planta de regasificación a una de licuefacción.

“ Una planta de licuefacción de gas fósil es más contaminante que una planta de regasificación, ya que, por ejemplo, incluye grandes compresores de gas que dejarán escapar más metano”, indicó la organización.

A pesar de ello, advierten que México Pacific Land Holdings pretende utilizar la misma autorización de impacto ambiental que se otorgó en 2006 a la propietaria anterior, sin realizar una nueva manifestación de impacto ambiental.

El proyecto, según datos contenidos en la solicitud de evaluación de impacto ambiental, incluye el Gasoducto Saguaro Connector, para transportar gas fósil desde un centro de distribución en Texas hasta la frontera con México; de ahí se conectaría con el gasoducto de Sierra Madre, que transporta el gas a la planta de licuefacción prevista en Puerto Libertad, Sonora, con el fin de exportarlo desde ahí a Asia.

“Acuario del mundo”, en riesgo

El impulso a la terminal en Puerto Libertad, así como al gasoducto “Sierra Madre” aleja a México de sus compromisos de descarbonización”, dice la misiva entregada en la oficina de transición de la presidenta electa. Pero, sobre todo, alertan, significa un potencial impacto en el Golfo de California, “el acuario del mundo” como es conocido este ecosistema, destacan, zona que fue declarada Patrimonio Mundial en 2005.

Recordaron que algunas características por las cuales se logró esta declaratoria de la UNESCO son la diversidad de vida terrestre y marina, incluyendo rutas de migración, alimentación y reproducción de especies como la ballena gris y la jorobada.

Por ello, piden a Sheinbaum y a la próxima titular de la Semarnat que se pronuncien y actúen para la protección de los mares y costas, el respeto al interés público y derechos humanos, así como en la lucha contra el cambio climático, revisando y revocando las autorizaciones que se hayan otorgado para los proyectos referidos.

Finalmente, le recordaron a la virtual presidenta electa que, recientemente, la administración del presidente Joe Biden estableció una moratoria en la autorización de permisos para nuevas terminales de gas natural licuado, medida que tendría que replicarse en México.

Entre las organizaciones firmantes aparecen: Alianza Mexicana contra el Fracking, Caminantes por la conservación del desierto, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Comités de Cuenca Río Sonora, Conexiones Climáticas y Greenpeace México.