Esta semana, Pablo Gómez fue a la mañanera y respondió a mis últimas dos columnas. Y allí, mintió.

Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no indaga a periodistas. Para ayudarle con sus propios archivos, comparto algunos números de oficios que obtuve y la UIF envió a los bancos solicitando información: de febrero de 2024, sobre Carlos Loret de Mola (oficio 110/D/1/108/2024) y Víctor Trujillo (110/D/1/111/2024). De junio de 2023, sobre Claudio X. González (110/D/4/570/2023) y María Amparo Casar (110/D/4/576/2023).

Gómez dijo que Loret no es parte de una denuncia de lavado de dinero sobre Latinus que hizo la UIF en 2021 y que, de las “actividades administrativas” de la UIF, ninguna toca a Loret. Sin embargo, en febrero de 2024, la UIF comenzó una nueva indagatoria y pidió a los bancos información de Loret, su esposa (110/D/1/109/2024), su empresa La Nota es la Nota (110/D/1/122/2024) y otras empresas de Latinus.

Añadió Gómez que sí investigan a las empresas de Latinus Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting. Desde 2019, aseguró, estas compañías cobraron más de 2,400 millones de pesos del Tribunal Electoral del Poder Judicial y varios gobiernos estatales cuando “facturan productos farmacéuticos y servicios de salud”. Añadió que mandaron ese dinero a Delaware, regresó a México y de ahí se pagó a colaboradores de Latinus (luego reveló información privada de cuánto cobran éstos).

Gómez agregó que en la UIF “vamos a hacer la lucha porque estamos obligados a saber de quién es el dinero”. Y mientras “hace la lucha”, omite investigar a los hijos del Presidente.

En la conferencia, el funcionario aceptó que la UIF debe investigar a “personas políticamente expuestas”, como funcionarios, familiares y allegados. Pero calló que la UIF no ha investigado a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, alias Andy y Bobby, los hijos del Presidente, ni a su red de amigos, que han ganado cientos de millones de pesos en contratos con el obradorismo.

Esta semana, obtuve información de las investigaciones que se abrieron en la UIF desde que se publicaron los reportajes de Latinus y MXvsCorrupción sobre Andy y Bobby. Y ahí queda claro: la UIF investigó sólo a algunos de los implicados, a varios periodistas, pero a ninguno de los allegados al Presidente.

En 2023 y 2024, Latinus publicó que la red de amigos de Andy consiguió más de 100 millones de pesos en contratos con varias dependencias federales. Los amigos crearon empresas que comparten oficina, apoderados y accionistas, y simularon competir. Obtuvieron contratos, entre otros, para el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el edificio del Archivo General Agrario y el malecón de Villahermosa.

Un personaje central en la trama es el empresario Amílcar Olán. Otros eran Carlos Buentello Carbonell y Eduardo Castro Ávila, medio hermano de un amigo de Andy, Alejandro Castro Jiménez Labora, y Alejandro Calderón Alipi, director del IMSS Bienestar. En otros reportajes, Latinus y MXvsCorrupción mencionan a Hugo Buentello Carbonell, hermano de los amigos de Andy.

En todos esos años, y después de todos estos reportajes, la UIF no ha investigado a ninguna de estas personas ni empresas.

En mayo de 2023, después de un detallado reportaje en MXvsCorrupción, la UIF indagó y luego bloqueó las cuentas de Grupo Vicente Suárez 73 y de Alejandro Armenta Peralta, nombres centrales en el fraude multimillonario de Segalmex. No investigó, sin embargo, a Buentello ni al hijo del Presidente, que estaban mencionados en el mismo reportaje. A quienes sí comenzó a indagar fue a los fundadores de MXvsCorrupción.

O sea, que la UIF investiga a los fundadores de la organización que revela la trama corrupta, como si fueran parte del fraude, pero olvida indagar a los hijos del Presidente y sus amigos.

Gómez miente cuando dice que no hay investigaciones contra Loret, omite que no se ha investigado a personajes políticamente expuestos y no dice que, tanto a Latinus como a MXvsCorrupción, los indagaron justo después de publicar reportajes sobre los hijos del Presidente.

Ojalá que estos detalles, los números de oficio y los nombres de las empresas y personas que no han investigado ayuden a que a Gómez y a la UIF se les refresque la memoria.