Ciudad de México.- La reforma judicial que impulsa el Ejecutivo federal pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, que comprometió a México a crear tribunales independientes para resolver conflictos laborales, advirtió la juez federal Magdalena Victoria Oliva.

La Juez Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas anticipó que la aprobación de la iniciativa del Presidente de la República eventualmente generaría una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que costará miles de millones de pesos al Gobierno.

“

La reforma incluso podría poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio, textualmente, en su capítulo 23, anexo 23, se estableció que México se comprometía a crear tribunales independientes para resolver los conflictos laborales, desapareciendo las Juntas (de Conciliación).

“

Desde su implementación, Estados Unidos y Canadá han invertido millones de dólares en capacitación e infraestructura para la consolidación del nuevo modelo de justicia laboral, la reforma al Poder Judicial podría poner en riesgo ese Tratado de Libre Comercio y las inversiones hechas.

“

De cesar a 6 mil 600 juzgadores -federales y del fuero común- en el 2025, existirá sin duda una condena por parte de la CIDH, que en diversos precedentes ya se ha pronunciado sobre el tema y resuelto casos similares. Ante ello, en algunos años se emitiría incluso una condena de varios miles de millones de pesos, en virtud de los salarios caídos que el Estado mexicano tendría que pagar, así como el regreso de los juzgadores a sus funciones, con el caos que esto provocaría y el choque inevitable con quienes estén en sus puestos en ese momento”.

Durante una manifestación en el interior del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación (PJF), sede de los juzgados de Amparo y de Ejecución de Sentencia, Victoria Oliva dijo que hoy lo más importante es exigir el respeto a la carrera judicial y su sistema meritocrático.

“

Debemos de recordar que controlando al Poder Judicial se eliminaría todo contrapeso, un País sin contrapesos es un vehículo sin frenos”, señaló ante casi una centena de asistentes.

En esta protesta, en la que hicieron posicionamientos una decena de funcionarios judiciales de distintos niveles y hasta abogados y postulantes, ninguno convocó a la movilización.

De hecho, Carlos Lugo Chávez, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Amparo, hizo un llamado a la unidad y a la no confrontación.

En su opinión, la reforma es ineludible y los funcionarios del PJF deben actuar “con responsabilidad y pensar en adaptarnos a lo que viene”.

En unos días, iniciará el periodo vacacional del PJF.

No representamos sectores, señalan

El Magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, del Décimo Tribunal Colegiado Penal, criticó nuevamente la propuesta de elegir a juzgadores con el voto popular porque los impartidores de justicia no son representantes de sectores de la población.

“

No somos un poder perfecto… para aquellos que digan que los juzgadores no estamos legitimados por el voto mayoritario; no, señores, servimos a la democracia, no somos representantes de sectores de la población… protegemos a las personas -no utilizo la palabra pueblo porque el pueblo somos todos- cuando sus derechos son violados”, dijo en el mismo evento.

“

Y he aquí el punto, que cuando les digan que no estamos legitimados, respondan lo siguiente: por antonomasia, el Poder Judicial no resuelve problemas entre pares, resuelve dificultades entre impares, por un lado una autoridad arbitraria, una autoridad que haya incurrido o se ha colocado en un papel de autoritarismo, y, por otro lado, las personas como ustedes, la gente como ustedes, el ciudadano, pobre rico, conservador, liberal”.

Reyes lamentó que la política no sea empleada para convocar a la unidad, sino para que un poder destruya a otro y no por razones de fondo.

También rechazó que el Poder Judicial sea descalificado por los salarios de los juzgadores, pues consideró que los ingresos que perciben son proporcionales a la labor profesional y de especialización que desempeñan.

Rechazan servir a poder en turno

En tanto, el magistrado José Rogelio Alanís García, del Cuarto Tribunal Colegiado Penal, dijo que la naturaleza de los juzgadores es ser un contrapeso y guardianes de la legalidad, razón por la que no pueden permitir que ahora se conviertan en subordinados del poder en turno y estar al servicio de una ideología.

“

No es que estemos cerrados a reformas, no es que estemos cerrados a que haya otra forma e incluso otras personas que pudieran cumplir nuestra labor, pero lo que sí estamos convencidos, y por eso creo que estamos todos aquí presentes, es que no puede dejar de haber guardianes efectivos, que no dependan del poder en turno, que no dependan de una sola ideología, porque otro principio que deviene de la igualdad es la pluralidad”, expresó.

“

Alguien dice por allí que cuando hay dos personas que piensan lo mismo, una no está pensando, la pluralidad es esencial y es un valor de la democracia que debe ser guardado en todo momento y de una manera muy celosa por nosotros, que somos en este momento los que tenemos encomendada esa alta labor, o por otras personas, pero no puede ser sometido a cambios de temperamento político coyuntural”.

Rosemary Cruz Guaida, secretaria del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución, se dijo preocupada por la estabilidad laboral, pero más por el riesgo en que se encuentra la independencia judicial con la reforma que se pretende.

“

Somos un poder contra mayoritario, esa es nuestra naturaleza constitucional, y es precisamente para defender la Constitución y no dejar que haya ningún tipo de intromisión al momento de dictar nuestras resoluciones, ser completamente imparciales”, dijo.

“

Lo que realmente nos preocupa es la independencia judicial, es el futuro de la sociedad mexicana, son los jueces que se van a proponer, los nuevos jueces, los nuevos magistrados, que lamentablemente tal vez carecen de esta formación en la carrera judicial”.