Ciudad de México.- Representantes de la 4T lanzaron una ofensiva para destituir a la presidenta de la Corte, Ministra Norma Piña, en medio de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Ministra Yasmín Esquivel, afín a la 4T, pidió ayer en sesión privada del pleno de la Suprema Corte la renuncia de la presidenta Norma Piña.

Esquivel fundamentó su propuesta en que Piña no ha podido tener una interlocución adecuada con los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, y que para evitar una reforma judicial radical debe hacerse a un lado para que haya otro interlocutor en las negociaciones parlamentarias.

La intervención de Esquivel ayer en la sesión privada de la Corte no fue secundada por otros ministros, pero tensó las de por sí complejas relaciones entre los Ministros de la Corte. Solo una Ministra presente pidió dejar las “disputas palaciegas”.

Para destituir a Norma Piña, se requieren al menos 8 votos de Ministros de la Corte. La petición de Esquivel es que Piña dimita sin necesidad de votar su destitución.

Cuando Norma Piña fue electa en enero de 2023, el voto de Esquivel en su favor fue decisivo para que llegara a la presidencia de la Corte. Ayer le pidió renunciar.

Horas antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, responsabilizó a Norma Piña de la “rispidez”y el conflicto entre los Poderes de la Unión, en el mismo tenor del reclamo de Esquivel.

Ordena la Corte detener amparos sobre prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer a los juzgados y tribunales federales de todo el país abstenerse de resolver amparos que cuestionen la figura de la prisión preventiva oficiosa, mientras se establece un criterio definitivo sobre la materia.

En sesión privada, por cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Corte aprobó un Acuerdo General planteado por la presidenta Norma Piña, a petición de varios magistrados de tribunales colegiados donde se están presentando resoluciones contradictorias.

La Corte emite con frecuencia este tipo de acuerdos, usualmente por unanimidad, para evitar que juzgados y tribunales sigan incurriendo en fallos opuestos mientras está pendiente que los ministros aclaren el criterio que debe prevalecer.

El Gobierno federal ha advertido repetidamente a la Corte sobre una probable sentencia en la que ordenaría inaplicar la prisión preventiva oficiosa, como ordenó en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).