“En todo uso del poder oficial, el Presidente es hoy un rey por encima de la ley”.
Sonia Sotomayor

Mucho en común tienen el presidente López Obrador y su amigo Donald Trump. Esto quedó más claro que nunca ayer con la reacción de Trump ante la decisión de la Suprema Corte de su país de decretarle “inmunidad” por sus acciones “oficiales” como Presidente: “Un gran triunfo para la constitución y la democracia”, declaró en su plataforma Truth Social.

La reacción parece una burla porque se aplica a acciones ilícitas cometidas por el entonces presidente Trump, con las que buscaba subvertir el resultado de la elección de noviembre 2020.

Sus abogados no hicieron realmente ningún intento por demostrar que Trump no cometió esos actos o que no eran ilegales. Argumentaron que el expresidente gozaba de inmunidad, o fuero, en el momento de cometer esos actos y que esa inmunidad se mantiene hasta ahora.

La propia Constitución de Estados Unidos no otorga tal inmunidad a un Presidente ni en funciones ni después de dejar el cargo; no lo hace por demandas civiles, tampoco por acusaciones penales.

Los tribunales han considerado que, por asimilación, el presidente goza de una inmunidad similar a la que tienen los legisladores por la llamada “cláusula de debate” que garantiza su libertad de expresión desde la tribuna.

Esta inmunidad, sin embargo, sólo se había aplicado en demandas civiles, no en denuncias penales. Ahora bien, una cosa es la libertad de expresión de los legisladores en el Congreso y otra muy distinta realizar un fraude electoral o cualquier otro acto criminal.

Según el fallo de ayer en EU, el Presidente puede violar la ley impunemente cuando lo hace con actos oficiales, pero no cuando estos son extraoficiales o personales. Los ministros, sin embargo, ni siquiera tuvieron el valor de definir qué actos son oficiales y cuáles no. Han regresado el caso a un tribunal inferior para que tome esta decisión crucial.

El fallo es un ejemplo de qué ocurre cuando un tribunal es cooptado por las maquinarias políticas. El fallo se definió estrictamente por líneas partidarias: los seis ministros nombrados por presidentes republicanos votaron por otorgar la inmunidad a Trump, los tres designados por demócratas estuvieron en contra.

La ministra Sonia Sotomayor, una de las voces disidentes en la Corte, ofreció argumentos contundentes contra el fallo: “La decisión de hoy de otorgar a los expresidentes inmunidad penal modifica la institución de la Presidencia. Es una burla al principio fundacional de nuestra Constitución y sistema de Gobierno, que ningún hombre está por encima de la ley.

“¿Podrá el Presidente ordenar el asesinato de un rival político? Inmune. ¿Organizar un golpe de estado para permanecer en el poder? Inmune. ¿Recibir un soborno a cambio de un perdón? Inmune. Inmune, inmune, inmune”.

El presidente López Obrador ha mostrado muchas coincidencias con Trump, a quien en varias ocasiones ha llamado su amigo. Aceptó sus falsas afirmaciones de que fue objeto de un fraude electoral de 2020 y se negó por ello a felicitar a Joe Biden por su triunfo hasta el último momento.

Como Trump, se ha quejado de la facultad de los jueces de ofrecer fallos contrarios a los deseos del ejecutivo. Ha tratado también de cargar la Suprema Corte con ministros obedientes. Ahora está tratando de enmendar todo el poder judicial para tener uno que no se oponga a los designios presidenciales.

Los dos amigos dicen, por otra parte, que sus acciones las hacen para defender la democracia, pero es lo contrario. Quieren tener todo el poder en sus manos y les molesta que los jueces no les permitan violar la ley.

No retorno

Ayer, en un encuentro para festejar el triunfo de AMLO hace seis años, Rafael Barajas, “El Fisgón”, defendió la reforma judicial porque “puede marcar el punto de no retorno al viejo régimen”.

El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum habían dicho que la reforma era para proporcionar una real justicia al pueblo. Aquí está la verdadera razón: garantizar la permanencia del actual régimen.