Para aquellos que consideraron y siguen pensando que los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio son un acierto del pueblo bueno y sabio, que se volcó a las urnas de manera razonada, informada y libre para emitir su voto y con él, darle al partido gobernante y a sus aliados el dominio del Poder Ejecutivo y del Legislativo, les diré que, lejos de eso, el mundo considera que los resultados alcanzados en esa jornada comicial representan el acto más lamentable y peligroso para el futuro económico de los mexicanos.

Acto continuo, a los primeros minutos del día siguiente, 3 de junio, cuando el mundo amaneció con la noticia de que la mayoría de los electores mexicanos había regalado, con su voto, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados al partido oficialista y a sus aliados, los mercados internacionales reaccionaron de manera negativa, y al considerar que la democracia en México ahora sí está en un grave riesgo de perderse, decidieron vender urgentemente los activos mexicanos que poseían.

Así pues, ese mismo día el peso mexicano arrancó la jornada cotizando a 16,97 pesos por dólar y cerró en 17,70 en mercados mexicanos, registrando una caída de 4.3%, la cual se ha mantenido hasta el día de hoy, hasta llegar casi a los 19 pesos, colocándose como la moneda más depreciada en el mundo entre sus pares. Ese mismo día, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó hasta un 6% al cierre.

Ante la sacudida de los mercados financieros internacionales a nuestra economía, por causa de la irracional votación de los mexicanos, urgentemente la Presidenta electa salió a tratar de tranquilizar al mundo, informando primero, que Rogelio Ramírez de la O, seguiría al frente al frente de la Secretaría de Hacienda y, segundo que la política económica en su Administración estaría enfocada en la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal, por lo que el hecho de que ella y su partido tendrían mayoría en las cámaras legislativas, no debía ser preocupante para nadie.

Contrario a lo asegurado por Claudia Sheinbaum, el aún presidente Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente, en un arranque de soberbia, aseguró que aprovecharía que el “pueblo bueno y sabio” le había conferido todo el poder con el control de las cámaras, para lograr que en el mes de septiembre, en el cual empezarán funciones sus nuevos diputados y senadores, aprueben las reformas pendientes enviadas por él mismo, empezando por la reforma al Poder Judicial, contradiciendo con esto lo asegurado por su sucesora.

Como era de esperarse, los principales economistas en el mundo advirtieron que la arrogancia mostrada por el Presidente de México al querer aprovechar irracionalmente la mayoría obtenida por Morena, para forzar la aprobación de sus reformas, particularmente al Poder judicial, la cual atenta directamente con la democracia, debilitará estructuralmente las condiciones de arranque para el gobierno entrante, deslegitimaría a la nueva presidenta al restarle autoridad ante el congreso y acabaría con las perspectivas para materializar la gran oportunidad histórica que ahora nos plantea el nearshoring, que tanto hemos esperado.